Después del escándalo por la suspensión de la final de la Copa Libertadores, Boca Juniors y River Plate comenzaron un pleito para definir al ganador del torneo en un escritorio o en la cancha.
En vísperas de la reunión clave que las dirigencias de ambos clubes sostendrán mañana en Asunción, en la sede de la Conmebol, Boca quiere que le den el título sin mayor trámite por las agresiones que el equipo sufrió afuera del Estadio Monumental, pero River insiste en jugar un último partido.
El argumento del club xeneize es que en mayo de 2015, cuando disputaron en La Bombonera un partido por los octavos de final de la Libertadores y los jugadores de River fueron gaseados al ingresar a la cancha en el inicio del segundo tiempo, la Conmebol descalificó a Boca y le dio el triunfo a sus rivales.
Sin embargo, ahora la dirigencia de River rechaza cualquier sanción ya que las agresiones contra Boca fueron a ocho cuadras de distancia del estadio, es decir, que no fue su responsabilidad.
De esta manera continúa el caos que comenzó el sábado pasado, cuando el autobús que llevaba a los xeneizes fue apedreado por hinchas riverplatenses y los policías que custodiaban el vehículo lanzaron gases lacrimógenos que terminaron afectando a los jugadores.
Desde ese día, la prensa argentina e internacional no ha escatimado adjetivos para referirse a la situación inédita que vive una final de la Copa Libertadores que primero se pospuso de sábado para domingo y luego quedó sin fecha definida.
“Vergüenza”, “bochorno” y “escándalo” son las principales definiciones en torno a un partido que iba a ser histórico porque por primera vez los dos clubes más importantes de Argentina disputarían el cetro continental.
Este era el último año que el torneo se iba a definir en dos partidos, por lo que el pasado 11 de noviembre se llevó a cabo el primero en La Bombonera, la cancha de Boca, y terminó con un empate 2-2.
El resultado le daba cierta ventaja a River porque el segundo y último partido se jugaría en su casa, que estaría colmada por sus hinchas ya que, para evitar enfrentamientos, no se había permitido el ingreso de público visitante.
De nada sirvieron las previsiones porque el operativo de seguridad falló y provocó una pelea entre el gobierno nacional y el de la ciudad para asumir responsabilidades.
A escasos días de la Cumbre del G20, el oficialismo acordó que el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, asumiría la responsabilidad de la violencia para deslindar al presidente Mauricio Macri y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Rodríguez Larreta protegió al gobierno nacional, pero se limitó a decir que “las cosas podrían haberse hecho mejor” y ratificó a su ministro de Seguridad en la ciudad, Martín Ocampo, a pesar de que fue el principal responsable del operativo que fracasó el sábado.