¿Centros educativos o ring de pelea?: Enrique Trejo 11/07/19

El derecho es cultura

Como olvidar los primero años de vida en la escuela, esas primeras etapas del crecimiento en que nos enfrentamos a cosas nuevas en nuestra vida, lo que implicó dejar el entorno seguro del hogar para adentrarnos a un mundo nuevo y desconocido, ese ambiente enigmático que consistía precisamente la escuela, enfrentarse a personas desconocidas, a un medio novedoso e inexplorado, en pocas palabras, hablamos de algo inédito en la incipiente vida del niño.

En efecto, el cambio que implica para la vida del ser humano de la casa al colegio, puede llegar a ser traumático y agresivo, ya que en algunos casos el niño en el hogar se encuentra en un capullo que lo protege de casi todo lo nocivo, por lo que, el salir de ese ambiente de protección, puede representar un gran problema, y más aún si llega a un ambiente agresivo y sin ningún tipo de cuidado y protección como sucede en muchos casos con las escuelas.

Lo anterior obedece a que, en teoría las escuelas para los menores representan un nuevo mundo de oportunidades para seguir desarrollándose, pero desgraciadamente en la actualidad se han presentado muchos casos en los que las escuelas se han vuelto un entorno agreste para los educandos, ya que los maestros o encargado de los centros educativos no asumen el rol que les corresponde, aún y cuando llegan a presenciar eventos de agresión entre los alumnos, hacen caso omiso de ello y no cumplen con su función.

Estas agresiones se conocen como BULLYING, siendo a decir de Dan Olweus “Una especie de tortura metódica y sistemática en que el agresor ataca a su víctima o víctimas, muy a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de muchos de sus compañeros, siendo que este tipo de violencia escolar genera en la víctima una serie de graves secuelas físicas y psicológicas.”, por lo que el daño ocasionado por el Bullying será responsabilidad de los directores y maestros que lo permitan o consientan.

Al respecto el artículo 1353 del código civil para el estado de Morelos, que dispone lo siguiente: ARTICULO 1353.- RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS QUE EJERCEN LA PATRIA POTESTAD.

Los que ejerzan la patria potestad tienen obligación de responder de los daños y perjuicios causados por los actos de los menores que estén bajo su poder y que habiten con ellos. Cesa la responsabilidad a que se refiere el párrafo anterior, cuando los menores ejecuten los actos que dan origen a ella, encontrándose bajo la vigilancia y autoridad de otras personas, como directores de colegios, de talleres, o instituciones análogas, pues entonces esas personas asumirán la responsabilidad de que se trata.

Como se puede apreciar, la responsabilidad de los actos que causen los menores, será a cargo de quienes ejerzan la patria potestad, pero cuando los menores se encuentran bajo la vigilancia de otra persona como pueden ser directores de colegios, en ese caso la responsabilidad de los actos de los menores será a cargo de dichos profesores, lo que implica que el menor que ocasione un daño estando en el colegio, quién deberá responder por dicho daño será el director de la escuela.

En virtud de lo anterior, resulta indiscutible que cuando un menor agrede a otro menor en la escuela, como ya vimos, el deber de cuidado corresponde a los directores de escuela, quienes deberán responder de los daños ocasionados, daños que no se concreta a lo material, ya que una agresión puede ocasionar daños psicológicos, morales, etc., y quién, en su caso responde de dichos daños por comportamientos de los menores en el colegio, no necesariamente serán los padres.

No obstante, lo verdaderamente importante radica en prevenir las agresiones en los centros educativos, en la calle, en la familia o en cualquier lugar, debemos velar porque la sociedad en general erradique los actos de violencia, empezando por la familia y las escuelas, ya que es en dichos lugares en donde se gestan en mayor medida los valores humanos, de lo que se surte precisamente la importancia de velar por una cultura libre de violencia, para fomentar un sano y normal desarrollo de los menores, que evidentemente repercutirá en la sociedad en general.

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