Por: Gustavo Martínez González
El delito del secuestro en México y en América latina es una veta rica para la ficción y el entretenimiento. Grandes novelistas como el peruano Mario García Llosa (El héroe discreto) o el guatemalteco Rodrigo Rey Rosa (Los sordos) recientemente han abordado el tema. Hollywood también ha contribuido con éxitos de taquilla como Hombre en llamas (Man on fire), dirigida por el malogrado Tony Scott. El cine mexicano también ha contribuido con el thriller internacional Conejo en la luna, de Jorge Ramírez-Suárez.
Lo que me parece completamente inadmisible es que este delito, particularmente horroroso por constituir un intercambio de bienes a cambio de la integridad de la persona querida, sea pasto para la ficción de activistas de cuarta.
Seguramente usted, amigo lector, ha leído o escuchado a comunicadores poco rigurosos que afirman sin pudor que “el secuestro ha aumentado en Morelos en un 300 por ciento en la administración de Graco Ramírez”. Falso y a las pruebas me remito.
Según las cifras que publica en su portal el secretariado ejecutivo de Seguridad pública nacional, a partir de octubre de 2012, cuando se recibieron la procuraduría y la policía estatal de manos del gobierno panista, se experimentó un aumento en la comisión de este delito, con un pico de 22 casos en agosto de 2013. A partir de ahí hay una clara tendencia estable a la baja, desde octubre de 2014 no ha habido ningún mes en que haya dos dígitos en este rubro. Quien diga lo contrario es un novel novelista o una boca floja. Quienes conocemos la dinámica social en el terruño podemos explicar las razones de esta dinámica.
En tiempos del general de salón Jorge Carrillo Olea, el procurador Carlos Peredo Merlo, el director de la policía judicial, Jesús Miyazawa y el comandante antisecuestros, Arturo Martínez Salgado, fueron acusados y procesados por delincuencia organizada, específicamente por organizar y ejecutar secuestros. Solo en una denuncia presentada por la procuraduría de Guanajuato en febrero de 1998, con orden de aprehensión contra los dos últimos funcionarios, por el secuestro de un empresario hotelero en Silao, se documentan 70 secuestros cometidos por la dupla.
Con respecto de los periodos de Sergio Estrada Cajigal y Marco Adame, las denuncias por este tipo de delitos no se presentaban, pues el modus operandi de los delincuentes organizados implicaba la “intervención” de la delegación de la Procuraduría General de la República en calidad de “negociadores”. Así, en aquellas épocas negras, los secuestros no se denunciaban, se negociaban.
Hoy existe una Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, con una fiscal ex profeso, equipamiento tecnológico, vehículos de frontera y personal capacitado por el FBI, la Policía Nacional de Colombia, entre otros cuerpos policiacos de élite. En combinación con el videovigilancia del C5, hoy en Morelos el secuestro se denuncia, se persigue y los criminales son llevados ante la justicia. Por supuesto cada delito de este tipo que se comete es inadmisible. Así como no se puede admitir la mentira con fines electoreros.