Reflexión
“Nada por la fuerza; todo por la razón y el derecho”. Uno de las frases tan distintivas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el último lugar emblemático donde hizo uso de ella fue en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante el último informe de actividades del entonces presidente Luis María Aguilar Morales.
Esta frase la utilizó frente a la postura del presidente de la SCJN quien refirió: Para el ejercicio digno de nuestra profesión lo primero a defender es nuestra independencia; sólo así desempeñaremos adecuadamente la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir nuestra constitución.
Si un juez no cuenta con las condiciones de independencia, deja de ser juez para convertirse en mandatario de alguien más”. Lo anterior, en medio de un escenario de confrontación entre el Poder Judicial y el poder Ejecutivo, derivado de la interpretación de la ley federal de remuneraciones.
Diferendo que fue ensalzado por los argumentos de denostación del presidente, quien los tildaba de “fifis”, “alcahuetes” y “Maiceados”, por defender sus salarios de 650 mil pesos. Sin duda ese informe de actividades de la SCJN estuvo enmarcado por una tensa cortesía; se venían cambios en el máximo tribunal de nuestro país y AMLO tenía algo mente.
Quiso hacerse es espacios en la corte 1) primero frente a la salida de la ministra Margarita Luna Ramos por el término de su mandato de 11años, para lo cual mandando una terna que, si bien era legal, no era moral, pues las 3 mujeres que mando en ella eran gente cercana a él y sus colaboradores, incluso con militancia en su partido.
Y 2) Con la intensión, aún latente, de incrementar el número de ministros de 11 a 16, con el argumento de incorporar una sala anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De presentarse ese escenario, para el año 2021, el presidente López Obrador habría designado a 8 de los 16 ministros.
Consolidando su política de centralización del poder, atentando contra la autonomía institucional y la división de poderes; sí, yendo en contra del estado de derecho y la democracia.
Imponiendo su voluntad por la fuerza -sobre todo mediática con el control del veneno social ciego en sus acciones y proyectos-. Que no se confunda: la legitimidad, el apoyo ciudadano y el músculo político no le faculta para aparecer o desaparecer sueldos, poderes, espacios o leyes a su plena voluntad.
¿Qué busca? Eliminar la mayor cantidad de contrapesos para poder implementar su proyecto de nación, mismo que quizá puede ser bueno, pero las formas no lo son tanto. Con el Poder Legislativo en su bolsillo por los espacios conquistados por Morena en ambas cámaras y una batalla por la conquista del poder judicial mediante el sometimiento del máximo tribunal de nuestro país en la figura de la Suprema Corte de justicia de la Nación, sólo queda un objetivo a conquistar: los organismos públicos de derechos humanos; es decir, la CNDH y las comisiones locales.
La última vez que se le vio cercano al presidente López Obrador de la CNDH, fue en el mes de diciembre donde en compañía del Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, hizo entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, al jurista y académico Héctor Fix Zamudio. En el encuentro, el Ombudsman nacional realizó una serie de críticas que parece no gustaron del todo al presidente Obrador.
La lista inició con el tema de la Ley de Remuneraciones, en el que sostuvo: “estamos convencidos de la necesidad y conveniencia de ajustar remuneraciones tanto excesivas, como insuficientes, pero siguiendo estándares internacionales, parámetros objetivos y fundados en la constitución”.
Continuó con la Guardia Nacional, para la cual insistió en no ignorar los riesgos de militarizar la seguridad ignorando recomendaciones nacionales e internacionales en la materia.
En materia de justicia, el presidente de la CNDH señaló la imprudencia de la medida de AMLO “borrón y cuenta nueva”, al mencionar que “la búsqueda de la paz no puede legitimar la impunidad pues México y sus víctimas no olvidan… sin verdad no habrá justicia…”. Ante el discurso aleccionador, Andrés Manuel no le quedó más que decir que su Gobierno acataría todas las recomendaciones que hiciera la CNDH.
Seis meses después el panorama es diferente: La Guardia Nacional ha entrado en operación con sus 4 leyes reglamentarias; las estancias infantiles están sufriendo recortes presupuestales, la CONADIS está en peligro de desaparición, los recursos para asociaciones de la sociedad civil y la autonomía de las comisiones de derechos humanos peligran.
Por Rafael Idiáquez