En esta ocasión les compartiré lo que tuve oportunidad de expresar en el 1er Foro Latinoamericano de Trabajadores Científicos que se realizó en la Cámara de Diputados el pasado 27 de agosto y en relación a la oportunidad que hemos perdido, pero que aún podemos aprovechar para hacer de las universidades públicas, un elemento clave para lograr la transformación social que tanto anhela el pueblo mexicano.
Vincular la investigación universitaria al desarrollo local es incrementar la pertinencia y el impacto social de la ciencia, pero también es reconocer la comprometida labor de los trabajadores científicos, lamentablemente desaprovechada por las autoridades en la toma de decisiones, causando que estas sean ocurrentes e ineficientes, a costa del erario público y promoviendo la cultura de la corrupción.
Es muy lamentable que las capacidades de alta especialización de nuestros miles de científicos nacionales, no se articulen al desarrollo nacional en la medida que se requiere, particularmente en torno a la definción y ejecución de políticas públicas en todos los niveles de gobierno; esta situación es preocupante y urge rectificarla. Incorporarse a estos procesos es un camino difícil, solitario y frustrante para los científicos, pero creo que es posible hacerlos mucho más fluídos y atractivos si encontramos una ética y un lenguaje común que permitan el encuentro de voluntades políticas y académicas, con una intención honesta y cívica de beneficiar a la población a través del conocimiento.
Para ello, tenemos que empezar a priorizar el debate respecto a la función que tendrá la ciencia en la 4T, no hacerlo es perder tiempo valioso y retrasar las acciones que se requieren para construir la soberanía de México en materia de ciencia, tecnología e innovación. Urge que la administración del gobierno federal defina en los hechos, si dará a la ciencia nacional el trato de bien público y patrimonio nacional o si el bienestar de los mexicanos dependerá de la tecnología e innovación desarrolladas por gobiernos extranjeros y empresas transnacionales. Con esta decisión crucial sabremos si el gobierno considera indispensable al científico nacional para el desarrollo de la nación o si le representa una amenaza, si lo considera un garante del acceso público a la información científica o un enemigo ideológico.
De acuerdo a la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México (INEGI, 2017) el 92.2% de la población está de acuerdo o muy de acuerdo en que es necesaria una mayor inversión gubernamental para el impulso de la investigación científica. Esto refleja que somos una sociedad moderna que aprecia la importancia de la ciencia y sus beneficios tecnológicos, pero que también sufre la gran desigualdad causada por la limitación a su acceso, derivado de sus altos costos y de su privatización. Por supuesto, los científicos no estamos exentos de autocrítica y responsabilidad, hay áreas que tenemos que reforzar para contribuir a las sociedades del conocimiento.
A continuación les presento algunos datos interesantes, descritos en el “Índice del Estado de la Ciencia 2019”, un estudio de la percepción de la ciencia en 14 países, realizado por la compañía 3M. En México:
- 66% considera que la ciencia es muy importante para la sociedad en general.
- 89% confía en la ciencia.
- 87% considera que se necesita de la ciencia para resolver los problemas mundiales.
- 80% cree que México, comparado con otros países, está rezagándose en cuestión de avances científicos.
- 67% considera que el gobierno es el principal responsable de financiar la ciencia y la innovación, seguido de las universidades.
- 54% está de acuerdo con que los científicos son elitistas.
- 79% está de acuerdo en que los científicos no son reconocidos por lo que hacen.
En este interesante contexto, es clave que los gobiernos asuman decisiones claras y responsables en torno al fortalecimiento de la soberanía de México en materia de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Decisiones que serán vergonzosamente tardías, pero cruciales frente a una etapa de transformación. Ejemplos de nuestra debilidad en la materia es que la mayor parte de las vacunas que administramos a nuestros hijos son productos desarrollados y producidos por empresas extranjeras, como sucede con la mayor parte de los fármacos que consumimos, particularmente los más novedosos. Esta situación se extiende también a procedimientos de alta tecnología como los transplantes de médula ósea o de cordón umbilical para curar a quienes padecen de graves enfermedades (ej. mieloma, leucemia o inmunodeficiencias) y que se realizan en una cantidad insuficiente, 20-40 veces menor en América Latina comparado con Estados Unidos o Europa.
Fortalecer nuestra soberanía en materia de CTI, nos permitirá enfrentar un grave rezago tecnológico en áreas tan estratégicas como la salud o la industria agropecuaria, dando solución a nuestras problemáticas más urgentes, emprendiendo una innovación de la industria nacional y estableciendo el desarrollo sostenible que queremos, no el impuesto por las grandes economías para su beneficio a través de nuestra explotación. Alcanzaremos así, la máxima expresión soberana que es garantizar la seguridad nacional y el bienestar de los mexicanos.
Si el gobierno federal se compromete sin titubeos, deberá aumentar en este sexenio el PIB dedicado a la CTI, del 0.5% al 3%. Pero no todo es dinero, tenemos que cuidar el principal recurso que ya tenemos, una que se ha formado a lo largo de varias décadas, me refiero al recurso humano científico nacional, consolidado y en formación; el que hoy se siente incierto, cuestionado y amenazado. Por ello, urge crear las condiciones para que nuestros jóvenes científicos se incorporen a la transformación de México y que no tengan que seguir emigrando a otros países donde sí aprecian sus capacidades, para lo cual debemos crearles oportunidades laborales dignas y bien remuneradas en el sector público y privado.
Las universidades públicas se presentan como el elemento organizacional idóneo para integrar rápidamente la investigación científica al desarrollo local. La mayor parte de los científicos se encuentran en dichas instituciones, tienen una cobertura nacional del 100% y fuertes vínculos sociales, confluyen en ellas la multi- y la interdisciplina que son los únicos abordajes que nos permitirán diagnosticar y solucionar realidades complejas, como la inseguridad, la violencia, la diabetes o la obesidad. Para que estas condiciones favorables de la universidad pública puedan catalizar la transformación, es imperativo impulsar un cambio cultural, uno que movilice la creatividad de los mexicanos y que acelere el tránsito de un Estado administrador a uno transformador, de una industria de la manufactura a una de la mentefactura. Algunas propuestas para realizarlo son:
- Vinculación obligatoria y presupuestalmente sustentada para que las universides públicas y los gobiernos locales, diagnostiquen y ejecuten acciones para cambiar las realidades de sus entornos, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar.
- Garantizar que las políticas públicas sean definidas por criterios científicos y que sean avaladas por científicos íntegros y comprometidos con el bien común.
- Garantizar a la ciudadanía el acceso a los datos compartidos por los científicos de las instituciones públicas, sin censura ni coerción.
- Establecer una Plataforma Nacional de Tecnología e Innovación que permita adquirir, concentrar, analizar y vincular las capacidades científicas de todas las universidades públicas y empresas de base tecnológica, con las necesidades del sector público y privado; estado por estado, municipio por municipio, ciudad por ciudad, colonia por colonia.
- Sustentar la creación y/o fortalecimiento de empresas mediante la innovación y desarrollos tecnológicos, promoviendo que estas puedan invertir en unidades de investigación para la producción con alto valor agregado; incrementando la derrama económica local, la creación de fuentes de empleo digno y resolviendo problemáticas prioritarias para mejorar el bienestar.
Los invito a que analizen y definan la función que deben asumir las universidades públicas para garantizar su derecho a los beneficios de la ciencia y la tecnología y que recuerden que detrás de las tecnologías que usan, están trabajadores científicos que necesitan de su apoyo y que merecen ser reconocidos dignamente por la sociedad y sus empleadores.
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