La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo someterá a consideración del Pleno del Congreso, una iniciativa cuya finalidad es combatir la corrupción en el servicio público y otorgarle carácter grave al delito de peculado, para lo cual propone reformar el artículo 279 del Código Penal para el Estado de Morelos.
La modificación planteada señala que al que cometa el delito de peculado se le impondrán de cinco a quince años de prisión, y de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito.
“Como legisladora emanada de la coalición electoral Juntos Haremos Historia, y que llevó al licenciado Andrés Manuel López Obrador a la primera magistratura del país, no podría más que ser congruente con uno de los postulados más importantes de la cuarta transformación: el combate a la corrupción”, subrayó Tania Valentina, presidenta del a Junta Política y de Gobierno.
Detalló que la propuesta es eliminar de la actual redacción las condiciones de atenuantes a este delito previstas en el artículo 279, donde a quienes lo cometen se les da oportunidad de enfrentar su proceso en libertad y sanciones pecuniarias “verdaderamente ridículas”, cuando lo que recibe el infractor, en la mayoría de los casos, son beneficios de carácter económico.
“La corrupción es un cáncer en el servicio púbico que ha agraviado profundamente a la sociedad, lo mismo en nuestro estado que en el País”, aseguró Tania Valentina, tras indicar que “para deshonra del nombre de nuestro país en el concierto internacional de las naciones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, aseguró que México es el más corrupto de los 34 miembros de la OCDE”.
Dijo que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los trámites en los que los ciudadanos vieron más corrupción fueron en los vinculados con autoridades del ámbito estatal, sobre todo los relacionados con la propiedad y los trámites vehiculares.
Abundó que según cálculos del Instituto, el costo total de los actos de corrupción cometidos por la población de entre 18 años y más, representó 6 mil 419 millones de pesos, en tanto que para el sector privado significó mil 612 millones de pesos, por lo que urgió en la necesidad de legislar en la materia.