El anuncio hecho por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre el acuerdo establecido con el Presidente en funciones, Enrique Peña, de nombrar antes del 1 de diciembre al Fiscal General de la República, y a los fiscales Anticorrupción y Electoral, significa darle la espalda a la ciudadanía y representa un retroceso para el país, advirtieron diputados y senadores en funciones y electos, del Movimiento Ciudadano (MC).
En un pronunciamiento escrito, los congresistas salientes y entrantes afirmaron que el acuerdo establecido entre López Obrador y Peña Nieto, va contra la demanda de cerrarle el paso a un «fiscal carnal» y permite anticipar que no se harán esfuerzos para reformar la Constitución ni darle plena autonomía a la Fiscalía General.
«Esto significaría un retroceso para nuestro sistema político, ya que el nombramiento del Fiscal se daría bajo una lógica cupular que no garantizará su autonomía del Poder Ejecutivo, dado que no se avanzaría en la modernización e independencia institucional de la Fiscalía y del sistema de procuración de justicia en su conjunto», apuntaron.
Agregaron que la corrupción, impunidad, inseguridad, violencia y la crisis de derechos humanos en el país no se solucionará, a menos que la Fiscalía General «sirva» y sea independiente de los gobiernos y liderazgos políticos.
Demandaron al ahora Presidente electo «dar los pasos correctos» para que el régimen político se transforme, los mexicanos tengan una «Fiscalía que sirva» y que sea autónomo del Poder Ejecutivo.
«No podremos empezar a hablar de un cambio de régimen si no entramos a una discusión de fondo sobre nuestro modelo de procuración de justicia. Por ello, reafirmamos que aquí están nuestros votos, en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para tener una Fiscalía que sirva y que sea plenamente autónoma», plantearon.
Recordaron que en la LXIII Legislatura, que está a punto de finalizar, se bloqueó el «pase automático» del actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR) a la Fiscalía General, que de inicio el Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscaba «imponer».
Desde el Legislativo se pugnó por reformar el artículo 102 constitucional, tal y como demandaron cientos de organizaciones sociales y asociaciones ciudadana.