El líder parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, afirmó que al emitir un “memorándum” con la instrucción a dependencias federales a dejar sin efectos la ley en materia educativa vigente, el Presidente de la República muestra su voluntad de “no aplicar la mal llamada reforma educativa”.
En redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro indicó que el siguiente paso deben darlo los maestros, a los que invitó y “emplazó” a llegar a un acuerdo antes del próximo 30 de abril, fecha en que termina el periodo ordinario de sesiones.
“Otra vez el Presidente @lopezobrador_ muestra su voluntad para no aplicar la mal llamada reforma educativa. Ahora le toca a los maestros asumir su responsabilidad histórica, los invito a llegar a un acuerdo antes del 30 de abril para que no quede ni una coma en la constitución”, escribió textualmente en Twitter el diputado Mario Delgado.
“Los emplazo a que antes del 30 de abril lleguemos a un texto que nos permita tener la mayoría calificada para reformar la constitucional y enterrar… y que no quede ni una coma de la reforma de (Enrique) Peña Nieto”, abundó.
En su interpretación, el diputado Delgado Carrillo manifestó que el “memorándum” ayudará a poner fina a la “persecución” de maestros en el marco de la aplicación de la norma vigente, pero es momento de avanzar en los cambios constitucionales que se están procesando en el Congreso de la Unión.
En tanto, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dulce Sauri, advirtió que el primer mandatario está intentando suplir o relevar al Legislativo de sus funciones, para convertirse en el “gran legislador”.
«Lo anterior, a través de instrumentos como el citado memorándum, que pudo haber sido un decreto o lineamientos, que en cualquier, son violatorios de la Constitución. Es un gravísimo precedente para el país» alertó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“El Presidente pretende suplir, sustituir, relevar al Congreso de la Unión y volverse un gran legislador. Así se llame lineamientos, se llame decreto, es una clara y manifiesta a la Constitución de la República, es un gravísimo precedente”, advirtió Sauri Riancho.
La vicepresidenta de la Cámara recordó que el dictamen aprobado en comisiones en San Lázaro, por acuerdo mayoritario, no ha avanzado, por ningún otro motivo que no sea la falta de acuerdo del Ejecutivo Federal con sus aliados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
A su vez, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), que a través de su coordinador, Juan Carlos Romero, señalaron que el “memorándum” emitido por el Primer Mandatario no tiene fundamento legal, por el contrario, viola la Constitución y podría atraer consecuencias legales a los funcionarios públicos que lo cumplan, en tanto que estarían faltando a su obligación de aplicar la ley vigente, se manifestaron en redes sociales.
“Los diputados federales de @AccionNacional vemos con preocupación que mediante un memorándum sin sustento jurídico se quiera violar la Constitución y eliminar la #ReformaEducativa. Trabajaremos para poner límites al autoritarismo del presidente”, indicaron de manera textual en la cuenta de Twitter, @diputadospan.
Advirtieron que no cesarán en el esfuerzo de legislar por una educación de calidad y si el Primer Mandatario cede a “chantajes” del magisterio disidente, los legisladores tienen la facultad de aprobar una reforma educativa que mejore el sistema educativo.
Lamentaron que el Jefe del Ejecutivo no escuche a quienes están dispuestos a cumplir la ley y mantienen abiertos los canales del diálogo, como la oposición en el Legislativo.
El diputado Fernando Macías, secretario de la Comisión de Gobernación en San Lázaro, calificó como “gravísima” la instrucción del Ejecutivo a incumplir leyes aprobadas en el Congreso. Lo anterior, al recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, el día en que asumió el cargo.
El legislador expuso que su bancada invita al Primer Mandatario a dar por terminada la “complicidad” con los grupos magisteriales que se oponen a la reforma, y a que privilegie el derecho de los mexicanos a la educación.