Durante la mañana del martes 24 de enero comenzó en el Instituto Penal Agrícola de Bauru, Brasil, un motín. Se quemaron colchones provocando incendios en algunas zonas del edificio. Aparentemente la protesta se desató porque un guardia le quitó el celular a un preso, sin embargo otras fuentes indican que se debió a las condiciones de hacinamiento en la prisión.
Según informó Agencia Brasil el edificio «tiene una capacidad para 1.124 reclusos, pero contenía a 1.427». Durante la protesta de los reclusos, y mientras siete camiones de bomberos intentaban apagar el fuego, 200 detenidos se fugaron.
La Policía Militar (PM) aseguró que rápidamente la situación fue controlada y algunos fueron recapturados. El capitán de la PM, Juliano Loureiro, declaró: «Los presos están contenidos y se está contando. Hasta el momento no se sabe cuántos escaparon, pero la Policía Militar consiguió recapturar a 79».
Asimismo se señaló que hubo heridos leves y ningún agente penitenciario fue tomado como rehén.
El país más grande de Sudamérica comenzó el año convulsionado por un motín que dejó más de 50 víctimas fatales en una cárcel de Manaos. Desde entonces estos hechos se han sucedido de manera continúa prácticamente todas las semanas y en distintos puntos del país.
La situación alcanzó un nivel tan crítico que hace una semana el gobierno federal resolvió utilizar a las fuerzas armadas para frenar los hechos de violencia en las prisiones.
Las malas condiciones de salud, provocadas por el hacinamiento no son una excepción brasileña. En toda América Latina la situación de los centros de detención es precaria. A esto se suma la violencia, también generalizada, de parte de las fuerzas penitenciarias que agudizan aun más los problemas ya existentes.