La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, reiteró la exigencia al Gobierno Federal, de suspender todos los contratos de obra pública entregados a las empresas Aldesa y Epccor, así como sancionarlos con la inhabilitación por su responsabilidad en las anomalías en la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca.
El diputado Rafael Hernández demandó que la Secretaría de la Función Pública (SFP), la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tomen cartas en el asunto.
Con seriedad, deben establecer responsabilidades y las sanciones que haya a lugar, incluyendo a funcionarios públicos involucrados con la realización de una que estuvo “plagada de errores”.
Hernández Soriano señaló que es momento de tomar medidas “contundentes” para evitar que esas empresas sigan teniendo en sus manos la construcción de infraestructura.
Recalcó que la lamentable apertura del socavón en el Paso Exprés, y la tragedia de la muerte de dos personas cuyo auto se desplomó en ese lugar, son prueba clara de que la obra se construyó de manera irregular, con errores estructurales inaceptables, y que hubo “contubernio entre las autoridades y los empresarios, pues también registró pagos injustificados que dispararon el precio al doble.
Indicó que esa situación se replica por todo el país y ello se debe a que las autoridades federales y estatales favorecen con contratos de infraestructura, en especial carretera, a empresas que no necesariamente garantizan un trabajo eficiente, sino que buscan beneficiarse con el erario.
Ante los hechos, añadió, es preciso que la Función Pública analice el caso y evalúe las sanciones que se deben imponer al consorcio conformado por las empresas Aldesa y Epccor, la cual debe ser inhabilitada por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, incluyendo el fallecimiento de dos personas.
A su vez, dijo, la SCT debe entregar toda la documentación sobre el proyecto, para determinar las anomalías que los encargados de la obra cometieron, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios.
Asimismo, la Auditoría Superior debería aplicar una auditoría de tipo “forense” a la vialidad, a fin de determinar el daño al erario que implicó, así como iniciar los procedimientos sancionatorios o interponer las denuncias que correspondan.