Por: Gustavo Martínez González
Desde el año de 1994, Manuel Tlapala Navarro inició los trámites necesarios para el funcionamiento del Panteón de Tetelcingo en un predio de su propiedad. Documentos oficiales muestran que el 26 de mayo de 1998, la CNA emitió estudio técnico de viabilidad para instalarlo. En la misma fecha, Sedam determina que el predio se encuentra en lugar adecuado. En septiembre de 1999 la dirección de Administración Urbana de Cuautla, emite dictamen para la aprobación.
Luego de cinco años de padecer este laberinto burocrático, como en un cuento de García Márquez, el señor Tlapala Navarro falleció en julio de 1999: el suyo fue el primer cuerpo sepultado en su panteón.
El 25 de marzo del 2014 mediante oficios de Ana Lilia Guerrero Moreira, directora de Servicios periciales de la entonces PGJ y Gerson Cervantes Gurrea, de la Coordinación de Servicios Periciales de la Zona Oriente, solicitaron la donación de tres fosas, para las inhumaciones que por ley se deben realizar de los cadáveres que permanecen durante meses e incluso años en calidad de desconocidos. El propietario del panteón accedió y el 28 de marzo del mismo año la Fiscalía General del Estado realizó la inhumación de los cuerpos.
Las fosas comunes de Tetelcingo fueron elevadas a caso de prensa amarillista cuando los familiares de Oliver Wenceslao Hernández, víctima de secuestro y asesinato cuyos restos resultaron uno de los cuerpos enterrados en la fosa común, iniciaron la averiguación respectiva para determinar los motivos de su inhumación a pesar de que había sido identificado por los familiares.
La Fiscalía General del Estado inició carpetas de investigación para identificar la probable comisión de algún delito en contra de los servidores públicos que resulten responsables. También se iniciaron procedimientos administrativos con el Órgano de Control de la Fiscalía General.
Sobre la base de esta secuencia de eventos, el ex poeta Javier Sicilia ha montado toda una narrativa de ficción en la que con desmesura compara al gobierno del estado con la organización delictiva de los Zetas. En su delirio, comete el exceso, imperdonable en quien se dice activista por los derechos humanos, de crear falsas expectativas a los familiares de víctimas, como el caso de Tranquilina Hernández Lagunas, que consiguió la orden de un desaprensivo juez de control, para dar vista a presuntos peritos de la UAEM durante la exhumación y reinhumación de los restos de las fosas comunes de Tetelcingo que se llevó a cabo, en busca de su hija Mireya Montiel Hernández, quien desapareció en septiembre de 2014, ¡seis meses despues de hacer sido enterrados los 117 cuerpos!