Por: Isaías Cano Morales
La celebración del centenario de la promulgación de nuestra Carta Magna con los eventos oficiales y la parafernalia propagandística junto a decenas de comentarios de juristas, politólogos, académicos, columnistas y comentaristas son una página más en el marco de los acontecimientos relevantes e históricos que suceden en el país. En el ánimo y pensamiento de la mayoría de ciudadanos priva la impresión de que la Constitución mexicana es casi letra muerta dado que el espíritu y letra solo quedan como referentes de lo que fue lo que soñaron para el país los personajes conocidos como los Constituyentes de Querétaro que dieron contenido a un documento con marcados perfiles sociales, políticos, económicos, culturales con miras a ser de nuestro país una nación de derecho, garantías, de justicia, igualdad y desarrollo.
Y a cien años de su promulgación la sociedad contempla con tristeza y coraje, que gobiernos principalmente del PRI han hecho de nuestra Norma Suprema con sus 695 cambios en 114 artículos una constitución a modo para llevar al país al peor de los escenarios históricos en materia de las mil injusticias que la mayoría de la población padece.
Por otro lado, de lo poco que guardan en su letra los artículos de dicho documento en materia de derechos y beneficios sociales para los mexicanos, dónde está el cumplimiento de lo que se mandata en términos del justo salario, del derecho al trabajo, a la alimentación, a la educación gratuita y laica, a la salud, a la vivienda, a una justicia pronta y expedita, a los derechos de los campesinos, de los niños, de las mujeres, de los ancianos.
Donde el respeto a las garantías individuales, que en la letra persisten en la Constitución pero no se cumplen sino que se transgreden. Hoy de México ya casi nada nos queda, se han entregado a intereses empresariales sus riquezas naturales, sus energéticos, sus tierras, sus playas, sus bosques.
El petróleo con sus derivados que era patrimonio de la nación, Enrique Peña Nieto lo ha entregado a empresas privadas. Miles de hectáreas de nuestro territorio se hallan en manos de empresarios nacionales y extranjeras para la explotación de minerales. De ahí, que nada menos que el reconocido constitucionalista Elisur Arteaga Nava emita un juicio demoledor al afirmar que nuestra Constitución ha sido “burlada, utilizada para mantener el control político inaplicable en la división de poderes y sin garantías para hacer realidad los derechos previstos en ella”.
Y agrega: “La constitución mexicana se ha convertido en un instrumento de engaño y sometimiento”. (Revista Proceso 5 de febrero-2017).