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La crisis del Poder Judicial: un poco de historia

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Por: Paco Santillán

En 2007, dentro de la L Legislatura, analizábamos la estructura, conformación y funcionamiento del Poder Judicial del estado. Para muchos diputados, el tema de la inamovilidad no debía confundirse con la perpetuidad en el cargo. De manera contraria lo entendían los entonces Magistrados, liderados por Rosas Pérez, quien había generado una serie de razonamientos jurídicos y precedentes para establecer que ellos podrían permanecer en el cargo hasta los 65 años.

Esta lógica llevó a un conflicto entre la Legislatura y el Poder Judicial, pues nosotros defendíamos que la inamovilidad era la facultad que tenía el impartidor de justicia para no ser removido del cargo (mientras éste durara) y así garantizar la independencia de sus decisiones. El Magistrado Rosas entendía esto como la permanencia hasta los 65 años en el cargo. Al final, la Suprema Corte nos dio la razón y el encargo de los Magistrados se redujo a 14 años. Similar al tiempo que un Ministro está en la Corte.

En 2018, los diputados de la LIII Legislatura (hablo en tercera persona porque no me encontraba en el Congreso) modificaron el periodo de 14 a 20 años de permanencia en el cargo. Esta situación motivó diferentes discusiones. En lo personal, no estaba de acuerdo con la modificación, pero también creo que muchos argumentos de quienes estaban en contra eran muy poco inteligentes. La realidad fue que, pese al malestar de diversos sectores de la población, se impuso la reforma constitucional para garantizarles 20 años en el cargo de Magistrados.

Paralelo al tema jurídico, en 2016, Carmen Cuevas asumió la Presidencia del Poder Judicial con el respaldo de la mayoría de Magistrados. Carmen llegó con una serie de alianzas al interior del Tribunal (a quienes les prometió posiciones importantes) y mejores alianzas externas que le ayudaron a concretar el voto mayoritario (quisiera, pero no sería ético, platicarles la forma como un grupo de diputados locales ayudaron a esta aspiración y la forma como lo hicieron).

Durante su mandato, Carmen fue desgastándose en la Presidencia. Tuvo fuertes conflictos con los Magistrados que no la apoyaron, violentó derechos laborales de los trabajadores sindicalizados, atentó contra las pensiones de los jubilados del Poder Judicial, incumplió con quienes la apoyaron a llegar, pretendió nombrar jueces a discrecionalidad, pese al mandato constitucional no diseñó el nuevo órgano administrativo del Poder Judicial, se le señaló por nombrar a familiares en posiciones claves e, incluso, se decía que utilizaba las instalaciones para prácticas religiosas.

Hace unos meses, el Diputado Galindo emitió un Punto de Acuerdo donde se dejaba sin efecto la ampliación del mandato a 20 años. Para quienes amamos el derecho y hemos participado de la vida parlamentaria no pudimos sino preguntarnos: ¡ah cabrón! ¿cómo un punto de acuerdo tumba una reforma constitucional? ¿De verdad es tan bajo el nivel de los Diputados como para creer que un exhorto tiene más peso jurídico que una reforma constitucional aprobada por el Constituyente permanente estatal? Lo cierto es que hace unos días, la Secretaría de Gobierno publicó este resolutivo lo que da eficacia (no sé si validez) a la finalización de “la reforma de los 20 años” y, con ello, al término del periodo original para el que Carmen Cuervas fue electa.

Con estos argumentos no pretendo defender a nadie. Creo firmemente que cuando una persona que preside un órgano colegiado ha dejado de tener el respaldo de sus pares, lo mejor es dejar el cargo por el bien de las instituciones (como también debió suceder con la Presidencia del Congreso). Igualmente, creo que Carmen cometió muchos excesos que la tienen hoy en esa posición; sin embargo, siempre buscaremos que la legalidad se imponga y que las cosas se hagan bien.

Por ejemplo, no estuve de acuerdo con la reforma, pero la aprobó el Constituyente y sólo este puede reformarla. Tampoco creo que Carmen deba continuar al frente del TSJ porque está afectando a la operatividad del mismo, pero la salida debe ser por un voto mayoritario de los magistrados que así lo mandaten. Y lo que sí es muy raro es que el Secretario de Gobierno (buen abogado) haya publicado un documento que sabe que tiene muchas aristas jurisdiccionales por aclarar.

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