La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la Cámara de Diputados, anunció que este martes 23 de octubre, presentará una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, en materia de la interrupción legal del embarazo.
La diputada Lorena Villavicencio señaló que el propósito es dejar de penalizar a las mujeres que buscan ejercer el derecho que ya se cumple en la Ciudad de México, de interrumpir el embarazo en el transcurso de las primeras 12 semanas de gestación, sin penalización.
Al aseverar que se trata de un tema de ejercicio de libertades, salud sexual, salud pública y de justicia no de convicciones religiosas, se pronunció contra la maternidad obligatoria.
“Esta iniciativa pretende garantizar el derecho a dirigir la maternidad, de solucionar los problemas de salud pública derivados de esta decisión, buscando garantizar la integridad física y vida de las mujeres, y con ello ampliar sus derechos. No queremos que la aborto clandestino robe más vidas de mujeres, queremos el aborto legal, seguro y gratuito”, expresó.
La legisladora agregó que el propósito de su propuesta es armonizar las leyes en la materia a nivel nacional, a fin de contar con una norma federal aplicable en todo el territorio nacional; así como establecer en la legislación, el principio de autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo.
Aunado a la despenalización de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, abundó, se propone sancionar a los funcionarios e instituciones que incurran en violencia institucional contra las mujeres, a través de conductas como esterilización forzada, aborto forzado, continuación forzada del embarazo, criminalización del aborto y negar los servicios de salud en las condiciones permitidas por la ley.
Sin ofrecer cifras de la situación en México, indicó que a nivel mundial cada año se registran 25 millones de interrupciones del embarazo en condiciones insalubres e inseguras, en especial en países en vías de desarrollo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo, tres de cada cuatro abortos en Centroamérica se realizan en condiciones de riesgo.
Añadió que la iniciativa prevé promover acciones preventivas del embarazo adolescente y no deseado, por lo que legalizar la interrupción del embarazo no será una medida de prevención.
Demandó que en México no se criminalice más la interrupción del embarazo, y que se otorgue amnistía a las mujeres presas por esa causa.
Tras afirmar que la penalización del aborto no impide que este ocurra, manifestó que los cambios al Código Penal contemplan sancionar con medidas no privativas de la libertad, a la mujer que practique el aborto o permita que alguien más lo haga después de la doceava semana de embarazo.
Expuso que las acciones para prevenir el embarazo no deseado corresponderán a las autoridades federales y estatales en materia de salud y educación.
Puntualizó que en caso de aprobarse, serán las autoridades del ramo las encargadas de implementar políticas públicas que permitan atender la problemática de los embarazos no deseados y en especial en adolescentes.
Tampoco presentó una estimación de presupuesto a destinar para dichos objetivos en el Presupuesto 2019.
Aseveró que la despenalización del aborto debe abrirse a la discusión sin tintes religiosos, aunque todas las voces serán escuchadas.
Respecto a la prioridad de dicha propuesta, señaló que se determinará conforme al resto de la agenda parlamentaria y si se considera necesario, podría abrirse a consulta.