Los contratos de obras y contratación de servicios celebrados por dependencias de la administración pública federal deberán ser firmados por los titulares de despacho.
Lo anterior, para que al momento de establecer responsabilidades, no haya evasión como sucedió en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), actualmente denominada de Bienestar, y que el sexenio anterior fue encabezada por la entonces secretaria Rosario Robles, planteó el diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Carol Antonio Altamirano.
Para ello, indicó, se requiere reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
“Que si en una dependencia se pretende contratar a otra, esto solo sea posible cumpliendo un conjunto de salvaguardas y requisitos entre los que destacan, que sean justamente los titulares quienes firmen los contratos respectivos. Para que después no puedan argumentar que ellos no tuvieron conocimiento ni participación, como es el caso de Rosario Robles”, remarcó el legislador.
Asimismo, indicó, no debe permitirse la firma de contratos entre entes públicos con instancias como universidades públicas o cualquier otra empresa, si éstos últimos no comprueban que tienen capacidad de cumplir.
“Será indispensable verificar que la entidad contratada cuenta con la capacidad material y humana para cumplir el contrato y para cancelar la práctica abusiva de subcontratar a terceros”, indicó.
“También se deberán pactar condiciones y términos para la aplicación de penas convencionales o deductivas a cargo del proveedor en caso de incumplimiento. Nunca más un caso como el de Rosario Robles, basta de simulaciones y basta de corrupción”, recalcó.
Subrayó que la norma vigente, contempla que las obras, bienes y servicios públicos, se contratarán a través de proceso de licitación abierta a los mejores postores, pero en ocasiones se permite otorgar adjudicaciones directas a empresas o prestadores de servicios invitados directamente. Para eliminar las deficiencias en esa materia, abundó, es necesario adecuar la norma y cerrar puertas a casos de corrupción como el de la llamada “Estafa maestra”.
Refirió que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), desde el año 2012 se detectaron desvíos de recursos a través de “empresas fantasma”, contratistas simulados y la participación de prestadores de servicios sin la capacidad necesaria de cumplir los compromisos establecidos con dependencias federales.
Por ello, finalizó, es momento de atender las recomendaciones del organismo fiscalizador, que en la Legislatura anterior no fueron desahogadas, principalmente por complicidad.