El proyecto de ley británico para romper con la Unión Europea superó la primera de las cuatro votaciones a la que será sometido, muy a pesar de muchos diputados proeuropeos, que hicieron de tripas corazón.
Se trata del primer paso concreto de Londres hacia el que será el primer divorcio de la historia de la Unión Europea, desde que el 23 de junio los británicos votaron a favor de la ruptura por 52 a 48 por ciento.
El breve texto de dos cláusulas recibió el apoyo de 498 diputados y el voto contrario de 114.
Un fallo de la Corte Suprema que ordenaba a la primera ministra Theresa May contar con permiso del Parlamento para iniciar la ruptura con la UE le obligó a presentar el proyecto de ley aprobado este miércoles en primera lectura.
En su recorrido hasta convertirse en ley, el texto será votado una vez más en la Cámara de los Comunes, donde el gobierno conservador cuenta con mayoría absoluta, y dos en la de los Lores, donde no, aunque al estar integrada por miembros no electos no se espera que contradigan “la voluntad popular”, tan esgrimida en el debate.
La mayoría de los diputados hizo campaña para seguir en la UE, pero se doblegaron al resultado de un referéndum, pese a que no era legalmente vinculante. Hasta el líder del Partido Laborista, el primero de la oposición, Jeremy Corbyn, había dado la consigna de apoyar la ley, que 47 de sus diputados desoyeron, votando en contra.
“¿Confiamos en la gente o no?”, lanzó a los diputados el ministro a cargo del Brexit, David Davis, y, por si la respuesta era “no”, les advirtió de que “no hay vuelta atrás”.
“Al final, tenemos que aceptar que, en una democracia, la mayoría ha hablado”, dijo George Osborne, anterior ministro de Finanzas y uno de los conservadores que defendió a la UE.
Los diputados también votaron una enmienda del Partido Nacional Escocés contra el proyecto de ley del Brexit, que fue desestimada por 336 votos contra 100.
La idea de May es activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa en marzo —si la ley no sufriera retrasos, podría comunicar la notificación en la cumbre de Bruselas del 9 de marzo—, dando pie a dos años de negociaciones.