La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados pidió aprobar los cambios que permitan eliminar el fuero constitucional, para evitar que personajes cuestionados obtengan inmunidad al ocupar candidaturas.
El diputado Rafael Hernández, se refirió en particular al actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz, señalado por anomalías como la cancelación del Tren México-Querétaro y el socavón abierto en el Paso Exprés de Cuernavaca.
El legislador acusó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretende darle fuero a Ruiz Esparza, al designarlo candidato plurinominal al Senado de la República.
Hernández Soriano demandó que el Congreso de la Unión no se convierta en una “cueva de pillos” donde tengan cabida quienes han infringido la ley, como el titular de la SCT y algunos otros candidatos a diputados y senadores lanzados por distintas fuerzas políticas.
El también presidente de la Comisión Especial de seguimiento al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), recalcó que se ha solicitado juicio político contra el secretario Ruiz Esparza, por violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
“Exhorto al PRI y a sus aliados a no frenar más la iniciativa de reforma constitucional en materia de fuero y juicio político que presenté en marzo del año pasado. Es momento de que ellos, que son mayoría en la Cámara, actúen en congruencia para ir a fondo en el combate a la impunidad, demandamos su voluntad en hechos, no en discursos”, insistió.
Añadió que el desempeño del titular de la SCT ha dejado mucho que desear, ha sido múltiplemente observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades en la construcción y licitaciones de obras públicas; aunado a que ha sido señalado por favorecer a empresas específicas; daños al medio ambiente y conflictos de interés, entre otras anomalías.
Manifestó que su propuesta de reforma a los artículos 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 constitucionales, pretende que el fuero no sea un impedimento para que la autoridad investigue la comisión de presuntos ilícitos cometidos por legisladores y servidores públicos.
Establece que en caso de investigaciones abiertas contra funcionarios y servidores públicos con fuero, cuando se presente una sentencia de primera instancia, el involucrado perderá el fuero de inmediato y no tendrá más posibilidades de guarecerse en espacios como el Congreso de la Unión.