PROFECO atiende queja de reclusos, aseguran que en su cárcel venden las “papitas” más caras de lo normal

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), indicó que por distintos canales, se investiga la situación denunciada por personas privadas de su libertad, por la venta de “papitas” dentro de los centros de readaptación social, a un precio más alto que en el mercado regular.

En un comunicado, el organismo agregó que se protegerán los derechos de todos los consumidores y se atenderán todas las quejas presentadas, independientemente de la condición y circunstancias en las que se encuentren, incluso si están privados de la libertad.

La Procuraduría puntualizó que se ha solicitado información a la empresa Klasnic, S.A de C.V., proveedora de los artículos que se venden en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos). Dicho consorcio ofreció rendir un “amplio informe pormenorizado” sobre los hechos denunciados.

Lo anterior, para tener acceso a la información o documentos que acrediten que los artículos y productos que se venden a personas en reclusión, mantengan el “mismo precio que se pague por ellos en el mercado regular, tal y como lo contempla el Capítulo II De las Ventas, artículo 118 del Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social”, en vigor desde noviembre de 2006.

El procurador Rogelio Cerda, abundó, ya se ha reunido con representantes de la empresa referida; y con el representante del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, Cuauhtémoc Villarreal, a fin de conocer la problemática que “presumiblemente” afecta a las personas que enviaron cartas de denuncia a Profeco.

“Con el compromiso de que en cuanto se finalicen las indagatorias y se tenga una solución, se dará a conocer a la opinión pública”, abundó, al reitera que los derechos de todo consumidor serán defendidos, sin distingo de la situación en que se encuentren.

“Profeco reitera que todos los consumidores, independientemente de su condición y de las circunstancias en las que participan como consumidores, incluidos los centros penitenciarios, cuentan con el manto protector de la Ley Federal de Protección al Consumidor, por ser un derecho constitucional”, apuntó.

Al remarcar que la institución estará atenta a toda queja y denuncia presentada, agregó que en los próximos días, se emitirá una resolución “en unión” del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en la que se contemplan acciones y medidas para solucionar la “problemática de consumo” en cuestión.

Añadió que la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece que las entidades de las administraciones públicas federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, están obligadas a respetar dicha normativa, “en cuanto tengan el carácter de proveedores, en unión de empresas privadas”.

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