España cumplió hoy nueve meses con un gobierno interino, en los que se han realizado dos elecciones y dos intentos de investidura presidencial, que han impedido la formación de un ejecutivo en plenas funciones para un país al que se le acumulan asuntos pendientes de resolución.
El gobierno de Mariano Rajoy cumplió en diciembre su periodo de cuatro años de ejercicio, y desde el 21 de ese mes (un día después de las primeras elecciones) entró en funciones que según la ley le concede un carácter de interinidad con facultades limitadas.
Tras los comicios de diciembre, Rajoy no pudo renovar su mandato por carecer de mayoría absoluta y por la falta de apoyos de otras formaciones políticas para ser investido por el Congreso de los Diputados, debido al bloqueo partidista que vive el país.
De acuerdo con la legislación española, tras las elecciones es la cámara la que elige al presidente del gobierno con el voto de al menos 176 (la mitad más uno) de los diputados, o en una segunda oportunidad con mayoría simple de más votos a favor que en contra.
El oficialista Partido Popular (PP) obtuvo en esa elección 123 escaños (de los 350 del Congreso), seguido del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con 90, la izquierdista Podemos con 69, la centroderecha Ciudadanos con 40, y el resto repartido entre fuerzas de izquierda, nacionalistas e independentistas.
Al negarse Rajoy a someterse a una votación de investidura, el rey de España propuso al líder socialista Pedro Sánchez que aceptó el encargo, y sólo pudo conseguir los votos de Ciudadanos (fuerza que tiene un bloqueo mutuo con Podemos).
Las segundas elecciones se realizaron el 26 de junio, y en ellas el PP obtuvo 137 escaños, el PSOE 85; la coalición izquierdista Unidos Podemos 71; Ciudadanos 32; y el resto entre las formaciones nacionalistas e independentistas.
Rajoy se sometió al debate y votación de investidura los días 30 y 31 de agosto, y 2 de septiembre, y fracasó por los bloqueos partidistas a pesar de haber llegado a los 170 votos a favor (con el apoyo de Ciudadanos y Coalición Canaria).
Tras ese debate se abrió un plazo de dos meses (que concluye el 31 de octubre), en el que si no hay acuerdo entre los partidos para la formación de gobierno se volverá a convocar a unas nuevas elecciones, previsiblemente a realizarse el 25 de diciembre.
El gobierno en funciones de Rajoy ha reiterado su llamado al resto de partidos políticos a considerar en su bloqueo político asuntos que requieren de un ejecutivo en plenas facultades, como la presentación de los Presupuestos del Estado de 2017.
Como en cada año, en este paquete se está pendiente de la actualización que el gobierno debe hacer de las pensiones, y el salario de los trabajadores del Estado.
En ese proceso, se suma la necesidad de presentar a la Comisión Europea (CE) antes del 15 de octubre los compromisos presupuestales de España para el próximo año, en el que debe destacar la forma en que pretende reducir el déficit público.
Sobre la evolución económica, el gobierno de Rajoy presume que las reformas realizadas en su mandato le permiten crecer a pesar del bloqueo político, y para este año prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca en torno al 3.0 por ciento, y 2.4 por ciento en 2017.
Sin embargo, el ministro en funciones de Economía, Luis de Guindos, declaró recientemente que la desaceleración entre 2016 y 2017 podría haberse iniciado ya, y la falta de formación de gobierno no es bueno para gestionar una situación de ese tipo.
En materia política, el principal desafío que enfrenta España es el proyecto independentista en Cataluña (noreste de España) que este otoño volverá a tener momentos claves con la aprobación de leyes que buscan la secesión institucional y económica respecto de España.
Además, están los procesos judiciales que este otoño se realizarán por casos de corrupción, que afectan principalmente al PP, aunque algunos también al PSOE y otras formaciones, y que incide en el deterioro de la credibilidad política que desde hace años se vive en este país.