El Tribunal Constitucional español suspendió este jueves cautelarmente el pleno del Parlamento regional catalán previsto para el próximo lunes con el argumento de que si declarase la independencia se produciría un quebrantamiento de la Constitución y una «aniquilación» de los derechos de los diputados.
Esta suspensión se produce después de que este alto tribunal haya admitido el recurso presentado este mismo jueves por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) ante la convocatoria de dicho pleno.
El presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció su voluntad de comparecer el próximo día 9 ante el pleno del Parlamento regional para valorar los resultados y los efectos del ilegal referéndum independentista del 1 de octubre, con la declaración de independencia de Cataluña sobre la mesa.
Aunque en el único punto del día de la sesión no se menciona específicamente una declaración de independencia, la CUP, grupo independentista radical que apoya a la coalición de gobierno de centroderecha y republicanos de izquierda Junts pel Sí (JxSí), aseguró que en el pleno se proclamaría la república catalana.
Los socialistas catalanes (PSC) presentaron hoy el recurso, en el que se advierte de que convocar el pleno supone «ignorar a sabiendas la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional» sobre la Ley del Referéndum.
Dicha ley, aprobada el pasado 6 de septiembre y suspendida por el Constitucional, dice que en caso de victoria del sí en el referéndum independentista «dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria (la Cámara) para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña».
El PSC afirma en su recurso que «pretender que la citada ley surta efecto supondría un quebrantamiento radical del ordenamiento constitucional».
Del mismo modo, en el supuesto de una declaración formal de independencia, los socialistas catalanes consideran que se daría una «total y completa aniquilación» de los derechos de los diputados, «por la demolición ilegítima del bloque de constitucionalidad en Cataluña».