Al filo de la medianoche del 15 de septiembre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto se disculpó con sus invitados a la tradicional cena en Palacio Nacional tras encabezar la primera ceremonia de Grito de Independencia en su sexenio.
La emergencia generada por las tormentas Ingrid y Manuel mereció la atención de las autoridades mexicanas al más alto nivel.
Dos años después, el panorama en Guerrero —la entidad más golpeada por dichos fenómenos meteorológicos, con una cifra oficial de 105 personas muertas— es de viviendas abandonadas, familias instaladas en predios improvisados y damnificados que aún esperan la entrega de una casa.
Durante esos días emergían los primeros indicios de lo que se revelaría días después: devastaciones, inundaciones, destrucción de carreteras, caminos y puentes, deslaves y pérdidas de comunidades y rancherías enteras.
La declaratoria de emergencia fue para los 81 municipios de la entidad, con poco más de 10,497 viviendas afectadas y daños del orden de 22,983 millones de pesos.
Parte de los retrasos a dos años de Ingrid y Manuel se pueden palpar lo mismo en La Montaña, la región con más alta marginación de Guerrero, que en Chilpancingo, capital del estado, pero también en la exclusiva zona de Acapulco Diamante. Familias completas aún están a la espera de un terreno que habitar.
A dos años de la tragedia, basta caminar por algunas de las unidades habitacionales asentadas en la exclusiva zona Diamante del puerto turístico de Acapulco para comprobar que el área no ha sido rehabilitada, y aún hay departamentos abandonados porque los dueños temen que ante una lluvia intensa se vuelvan a inundar.
Residentes de la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio de la comunidad de Valle de Llano Largo —donde más de 5,000 viviendas resultaron afectadas, de las cuales cerca de 1,000 permanecen abandonadas— exigen al gobierno federal y estatal que terminen los trabajos de mitigación, rehabilitación del drenaje y la instalación de señalamientos en los puntos de esta área propensos a inundaciones.
“Los drenajes están inservibles y ya tenemos encima las lluvias (…) No tenemos nada, estamos igual, estamos olvidado del gobierno”, dijo la vicepresidenta de la Coalición de Habitantes Afectados por las Contingencias del estado de Guerrero, Oneli García Mejía.
En las unidades Quinta Miramar y La Ceiba, siguen presentes los vidrios rotos, vegetación creciendo en el interior de las viviendas, y las marcas del lodo que fue arrastrado por las inundaciones en las paredes.
Hace dos años, estos sitios habitacionales fueron inspeccionados por el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, por haber sido las más afectadas al estar asentadas sobre humedales y cerca de un río, cuyo cauce cambió. Entonces, el funcionario federal confirmó que se haría una “revisión profunda”, e incluso habló de determinarla zona no habitable de manera definitiva para el asentamiento humano.
Pero a dos años de Ingrid y Manuel, hay familias viviendo en esos mismos puntos, como la de José Luis Alonso, quien comentó que aún sigue pagando su casa y no tiene a dónde más ir.
“Cada que llueve, me da miedo y no podemos dormir bien, ni los niños. Pero, ¿a dónde me voy? No tengo otro lugar y nadie me ha dicho si hay riesgo o ya no (…) Volvimos a comprar todo, poco a poco hemos podido recuperar muchas de las cosas que perdimos, que fue casi todo”, dijo.