La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, cumple un año sin que alguna de las 111 personas detenidas por el caso haya recibido sentencia, y con reclamos de las familias de las víctimas y de expertos por la forma en que las autoridades han conducido los procesos penales por este crimen.
El más reciente detenido es Gildardo López Astudillo, el Gil, presunto líder del cártel Guerreros Unidos, quien fue aprehendido por fuerzas federales el miércoles pasado.
De los 110 detenidos que había antes de él —según el informe de labores de la Procuraduría General de la República (PGR) correspondiente a 2015—, 52 eran policías del municipio de Iguala que presuntamente agredieron a los normalistas el 26 de septiembre, 19 eran agentes de Cocula que ayudaron a capturar a los jóvenes y entregarlos a Guerreros Unidos, mientras los 39 restantes eran miembros de dicha organización delictiva.
Entre estos últimos están el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, quienes fueron arrestados en el Distrito Federal en noviembre de 2014 y actualmente están bajo proceso.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, consideró al respecto que si bien el número de detenidos es alto, Guerreros Unidos mantiene su fuerza.
«Guerreros Unidos hoy en día no está desarticulado ni en Iguala ni en Guerrero, sigue operando tal cual», dijo en entrevista.
Tras la detención de López Astudillo, todavía hay 20 personas prófugas por este caso. Entre ellas están Felipe Flores, entonces secretario de Seguridad Pública de Iguala, y Alejandro Tenescalco, quien era supervisor de la policía municipal, según detalla el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado 7 de septiembre, un día después de que se publicara el reporte del GIEI —el cual pone en duda que los 43 jóvenes fueran asesinados y quemados en un basurero de Cocula, como sostiene la PGR desde noviembre de 2014—, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno no se detendrá hasta que todos los responsables de la desaparición de los normalistas sean arrestados.
«El caso, como lo hemos también sostenido, se mantiene abierto, la investigación continúa y será el Poder Judicial quien determine cuándo deba de concluirse», señaló en un acto público.