El líder parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Fernando Herrera, acusó al Gobierno Federal y a los gobernadores de algunos estados de la República, de provocar en el país “una tragedia educativa”, al “ponerse de rodillas” frente a “vándalos organizados”, ello, en referencia a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El legislador también calificó como sumamente preocupante e indignante que los profesores disidentes de las entidades con mayor rezago educativo, sean quienes se opongan a la evaluación.
Tras advertir que el panismo no permitirá que la reforma educativa sea un ordenamiento “fallido”, Herrera Ávila también calificó como una “simulación”, la actitud del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Educación (SEP) y los gobiernos de Michoacán, Oaxaca y Guerrero, frente a las presiones de la CNTE.
El legislador agregó que se ha manipulado la reforma en cuestión como un instrumento de negociación política y simulación, pese a que su objetivo era mejorar la calidad de la educación y la capacitación magisterial, y ante ello, el secretario Emilio Chuayffet debe responder.
“Tiene la obligación ética, política e incluso moral de responder a los millones de niños en edad escolar que son víctimas del magisterio en los estados más pobres del país”, dijo.
Advirtió que durante la comparecencia del titular de la SEP y los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), los panistas en la Comisión Permanente serán “inflexibles”, y exigirán explicaciones puntuales sobre la suspensión y reactivación de la evaluación.
De entrada, catalogó como un acto ilegal permitido por el secretario Chuayffet, al acceder al pago del salario a los maestros paristas y haber anunciado la suspensión de la reforma educativa, en la antesala de las votaciones del 7 de junio.
Respecto a la suspensión de las evaluaciones en los estados de Oaxaca y Michoacán, el líder de los panistas en el Senado señaló que la educativa no es la única reforma estructural en que el Gobierno Federal ha fallado al implementar, porque le ha faltado firmeza y capacidad.
Subrayó que los congresistas cumplieron su obligación al aprobar en 2013 el ordenamiento, y es responsabilidad de los gobiernos estatales y Federal, aplicar los preceptos establecidos sin excepción alguna.
Recriminió que los gobiernos de los estados, en particular Michoacán, Guerrero y Oaxaca, estén siendo omisos frente a su deber de garantizar el derecho a la educación para la niñez y juentud que vive en esos territorios, y que concentran al 13. 6 por ciento de los maestros, al 11.5 por ciento de los alumnos, y al 16.4 por ciento de las escuelas públicas en México.
Las entidades donde la CNTE ha impedido que los menores tomen clase como es decibo, también son las que presentan los más bajos niveles de desempeño y aprovechamiento, y no es casualidad que en esos puntos se presente la oposición a las nuevas disposiciones educativas.
Sobre el trato que la autoridad ha dado a la disidencia magisterial, el congresista exigió que los responsables dejen la debilidad a un lado, no cedan ante las presiones y no “premien” a los mentores que han dejado sin clases a los estudiantes y que han incumplido con su trabajo, dándoles plazas o pagando salarios que no han devengado.