El sismo del 19 de septiembre de 2017, dejo un conflicto entre dos vecinos que el pasado fin de semana se resolvió finalmente. Se trató de una denuncia penal por el probable delito de daño a un monumento histórico, habilitado como: Notaría Pública de Jonacatepec.
Roberto L. M. y Regino P. A., éste último implicado sólo por apoyar a su vecino en desgracia, son imputados por la Procuraduría General de la República (PGR), delegación Morelos, por demoler una barda que divide ambas propiedades.
La tarde del lunes 3 de septiembre 208, en una audiencia inicial celebrada a las 13:25 horas, la agente del Ministerio Público, Tania Elena Díaz Carrillo presentó cargos contra las dos personas, vecinas de Jonacatepec.
En su formulación, la PGR dio a conocer que el hecho ocurrió a las 09:00 horas del 21 de noviembre de 2017, en la calle Plaza de Emiliano Zapata, número 10, colonia centro del referido municipio. La versión de la autoridad ministerial es que Roberto, junto con otros trabajadores entre ellos Regino, derribó la pared que divide su casa caída, por el sismo, y la Notaría Número 1, cuyo titular es Valentín de la Cruz Hidalgo. La Notaría se encuentra registrada en el catálogo Nacional de Monumentos Históricos, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), bajo el número I-17-00030.
La Agente del Ministerio Público aseguró que los daños ocasionados ascienden a 250 mil pesos además se trata de un perjuicio causado al patrimonio histórico. Tras escuchar a Tania Elena Díaz, la jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Morelos, Ana Luisa Beltrán González reconoció que se había incumplido con ciertos requisitos en el caso.
Lo anterior tras escuchar al abogado defensor de las personas imputadas, Alfonso González Mendizábal quien dijo que, de acuerdo con una escritura pública, que integra la carpeta de investigación, existen cuatro propietarias del inmueble afectado.
Se trata de: Ruth, Aida, Leticia y Nidia, de iniciales C. N., y a quienes sólo dos de ellas, se había notificado para que comparecieran a la audiencia y a las otras dos personas, no.
– No he escuchado hasta el momento que se les halla mencionado por parte de la representación social, que tengan algún representante, ni que se les reconozca el carácter de víctimas lo cual creo que es una falla- dijo Alfonso González a la jueza.
Por ese motivo y a fin de no vulnerar los derechos de ellas, como víctimas, y de las otras dos personas imputadas, pues el caso pudiera derivar en un perjuicio para ellos ante una reposición del proceso, el abogado pidió que se corrigiera ese error.
La juzgadora federal resolvió que no existían condiciones para continuar con el proceso ya que es un derecho constitucional de las personas víctimas a ser convocadas para que asistan al proceso en un caso que les incumbe. No obstante, todo ese conflicto quedo salvado luego de que Roberto se comprometió a pagar los daños ocasionados y optó por concluir el conflicto penal.
Por Carlos Quintero
