Interpondrán acciones jurídicas ante Justicia federal por mala indagación
La defensa particular de la expresidenta de la mesa directiva del Congreso del Local, Beatriz V. A. Jesús García Aguilar informó que en breve interpondrá un amparo ante los juzgados federales en contra de la Fiscalía Anticorrupción, por violación en el debido proceso, ya que han realizado una campaña de hostigamiento en contra de su cliente.
Explicó que el pasado nueve de enero del presente, fueron convocados por parte del Juez de Control y Juicios Orales del Primer Distrito Judicial ubicados en el municipio de Xochitepec, en donde la Fiscalía Anticorrupción, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria para visualizar el registro de cada una de sus cuentas, contratos y toda aquella información que constituye un secreto bancario.
García Aguilar indicó que esos datos que solicitó la Fiscalía Anticorrupción fueron para hostigar a la ex diputada perredista, ya que la Comisión Nacional Bancaria sólo podría informar si existe un cruce de cuentas, es decir, si hubo depósitos o transferencias de otras empresas y no así de sus estados de cuenta, tal como lo pretende indagar.
“Con toda la información que está solicitando la Fiscalía Anticorrupción, sólo está dañando información bancaria privilegiada de terceras personas; además de la información de sus beneficiarios, por ello, vamos a presentar un juicio de amparo, ante la violación al debido proceso”.
García Aguilar lamentó que la Fiscalía Anticorrupción se encuentra realizando sus investigaciones bajo la violación al debido proceso, ya que solicita información de dos empresas como son: corporativo D2105 y Grupo Internacional, compañías que no se les ha fincado responsabilidad, así como no le han solicitado su intervención en las audiencias de control.
En agosto del 2019, más de 20 millones de pesos que originalmente estaban destinados para las cuotas de los trabajadores del Congreso al Instituto de Crédito, al parecer terminaron en cuentas de empresas fantasma.
La exdiputada perredista Beatriz Vicera Alatriste fue formalmente imputada por el presunto delito de peculado por un monto superior a los 23 millones de pesos, que originalmente estaban destinados para las cuotas de los trabajadores del Congreso al Instituto de Crédito pero que al parecer acabaron en cuentas de empresas fantasmas.
Por Eduardo Vázquez
