El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular, con una votación unánime de 383 a favor, la reforma al artículo 73 constitucional en materia de desaparición forzada, tortura y tratos crueles e inhumanos.
Al fundamentar el proyecto que será turnado a los congresos estatales, el presidente de la Comisión dictaminadora, Alejandro Sánchez, señaló que al facultar al Congreso de la Unión a legislar sobre ese rubro, se da un paso adelante en la tipificación de dichos delitos conforme a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
Permitirá armonizar la ley respectiva en todo el país y responder a las exigencias de justicia de los familiares de los desaparecidos, subrayó Sánchez Camacho.
Aseveró que la reforma será un “parteaguas” en la procuración de justicia, la observancia de la ley y el respeto a los derechos humanos; aunado a que hará posible la búsqueda de los compañeros y familiares desaparecidos.
Ello, en cuanto la siguiente Legislatura cumpla el compromiso de diseñar y emitir las respectivas leyes reglamentarias, que deberán tener como característica: mecanismos para llevar a cabo una búsqueda metodológica y técnica de las personas desaparecidas, instar a los congresos locales a que ajusten sus leyes para agilizar la declaración de ausencia de una persona, así como la desaparición forzada.
Indicó que de acuerdo a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la autoridad federal reconoce la existencia de más de 26 mil personas desaparecidas.
Señaló que los sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero, en septiembre del 2014, cuando la desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, son un claro ejemplo de que en la desaparición forzada, generalmente están involucrados los distintos órdenes de gobierno.
En el debate, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Danner González, recalcó que en casi una década, del 2007 a la fecha, se han identificado más de 26 mil desaparecidos, de los cuales 9 mil corresponden a la presente administración y la cifra podría ser mucho mayor, advirtió.
El legislador refirió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos notificó haber recibido 2 mil 205 quejas por desaparición el año pasado, lo que representa un aumento de 600 por ciento con respecto al 2003. Ello, aunado a que se estima existen en el país 5 mil huérfanos víctimas de la violencia y 2 mil desplazados.
En su intervención, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Raquel Jiménez, recalcó que la normatividad establece un plazo de 180 días para que el Congreso emita las respectivas leyes secundarias, por lo que sería deseable que la Comisión Permanente convocará a un periodo extraordinario de sesiones con ese propósito.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pedro Domínguez, indicó que la reforma es producto y consecuencia de las recomendaciones de instancias como la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero también de la voluntad del Estado.
La vicecoordinadora de contenidos del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, aclaró que los cambios no son fruto de la decisión del Presidente de la República, sino que el Ejecutivo se vio obligado a actuar por presión social.
Aguilar Gil destacó que el avance de la norma da la razón a quienes desde el primer momento señalaron la responsabilidad del Estado en hechos como los de Ayotzinapa, porque la ONU también señaló al Estado mexicano por no contar con un marco legal robusto para atender la desaparición de personas.
La congresista enfatizó que negar la realidad, como intentó hacer el Gobierno Federal con situaciones como la de Ayotzinapa, no cambia la realidad, sino que confirma que las actuaciones de instancias como la Procuraduría General de la República (PGR) fueron insuficientes, sino “una burla”, pues la verdad histórica sobre los hechos en Guerrero, quedó en “cuento chino”.
Pidió que los defensores del Ejecutivo Federal no festinaran la reforma como un logro, porque se trata solo del inicio, puesto que se faculta al Congreso para legislar en la materia, pero se deben aprobar las leyes generales que establezcan claramente que la desaparición forzada no debe prescribir.
“No se den por satisfechos”, demandó, porque los congresistas se negaron a legislar a fondo y emitir la ley complementaria.