La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó promover tres acciones de responsabilidad administrativa sancionatoria, a causa de las anomalías cometidas en la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca.
De acuerdo al Informe Individual de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, correspondiente al Paso Exprés, el órgano fiscalizador encontró que los responsables de la obra deben aclarar el uso de 491 millones 601 mil pesos.
En cuanto a las Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, la Auditoría solicitó al Órgano Interno de Control investigar y penalizar a los funcionarios públicos que omitieron realizar las acciones correctivas y sancionatorias por la mala calidad en los materiales con que se construyó el Paso Exprés.
El dictamen indica que la carpeta asfáltica es de mala calidad, aunado a que se colocó de manera irregular, ya que los pasos superiores vehiculares presentan asentamientos diferenciales; los trabajos de los pasos inferiores peatonales, en las barreras centrales también fueron de mala calidad.
“Existen malos acabados en los muros de contención y bajo los pasos superiores vehiculares en virtud que tienen filtraciones en las ampliaciones de las estructuras; (…) la carpeta de concreto hidráulico fue desbastada sin que se acreditara que se cumplió con el índice de perfil y el coeficiente de rugosidad; y los concretos lanzados en algunas zonas se están deslavando”, señala el documento.
También se encontró la subcontratación de empresas de modo irregular, puesto que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), contrató al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), para realizar el proyecto ejecutivo de la obra, mismo que fue entregado a la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT.
Fue el INAP el que a su vez subcontrató a la empresa ORVA Ingeniería S.A. de C.V., para elaborar el proyecto en cuestión, y la SCT lo consintió sin presentar objeción alguna.
Por ello, la Auditoría recomendó a la SCT establecer los controles suficientes, para que los proyectos de obras públicas a su cargo y que sean realizados por terceros, se asignen a quienes tengan las facultades legales y técnicas necesarias.
De igual modo, se pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar esos hechos y sancionar a quienes en BANOBRAS, decidieron contratar al INAP; así como a quienes, en esa institución, se les haya asignado la elaboración del proyecto del Paso Exprés.
La revisión que incluye una recomendación, 21 solicitudes de aclaración y las tres Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, concluye que, en términos generales, la SCT por conducto del Centro SCT Morelos, “no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.
Lo anterior, debido a que, al revisar los almacenes para verificar la utilización correcta de materiales e insumos, no se pudieron encontrar elementos hasta por siete millones 992 mil pesos.
Asimismo, se encontró un pago “de más” por un millón 299 mil pesos por la renta, montaje y desmontaje de andamios. Se observó la mala calidad en los materiales, colocación y terminado de la carpeta de concreto hidráulico, pues no cumplió con las características de espesor, perfil y rugosidad requeridos. Tampoco se acreditó la ejecución de trabajos por un monto de tres millones 310 mil pesos. Se encontró que por la “incorrecta integración de precios unitarios y extraordinarios”, se hicieron pagos por 383 millones 518 mil pesos.
Finalmente, se detectó una “diferencia de volúmenes de obra por un importe de 184 mil 453 pesos. Se incumplieron los términos de referencia y las especificaciones particulares en los servicios de obra por otros 18 millones 746 mil pesos. Aunado a que la Auditoría no encontró evidencia de la ejecución de los trabajos de servicios por otros 943 mil pesos.