De acuerdo a por judicializar una serie de casos las declaraciones de servidores públicos existe un logro en la integración de casos
POR REDACCIÓN
En medio de la desconfianza que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) de Morelos representa para las autoridades estatales actuales, se dan los primeros resultados a cuenta gotas y avanza la primera de 50 denuncias presentadas hasta el momento en contra de ex colaboradores de Graco Ramírez.
Hasta ahora el Poder Judicial ha dictado vinculación a proceso de cinco excolaboradores del perredista y ex gobernador Graco Ramírez por el delito de ejercicio ilícito cometido durante la pasada administración.
La lista la encabezan dos ex funcionarios de primer nivel: el ex secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras y la exsecretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo; le siguen Marco Antonio García exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sustentable Hernández, Lucero Campos Mercado, ex directora de Obras Públicas y un exsupervisor de obra.
De acuerdo a la carpeta de investigación FECC/150/2018-12, el Gobierno de Morelos detectó la construcción de una planta de valorización de residuos sólidos urbanos, ubicada en municipio de Jiutepec, por la que se pagaron más de 34 millones de pesos. Según el equipo jurídico de Cuauhtémoc Blanco, la obra no fue terminada.
Samuel Sotelo Salgado, titular de la Consejería Jurídica del Estado, informó que hasta el cierre de esta edición ningunas de las parte imputadas se ha pronunciado y destacó que los imputados tiene la posibilidad de apelar la resolución del juez.
Para el Poder Ejecutivo esto representa un avance importante en el paquete de denuncias presentadas ante la FECC. Lo anterior, a pesar de que hay visos de que varias de las denuncias presentadas estuvieron mal integradas.
Una muestra de ello, fue lo ocurrido en el proceso jurídico en contra de Roberto Ruiz Silva, ex secretario de Desarrollo Agropecuario por uso ilegal de recursos públicos, en la que las autoridades judiciales determinaron auto de no vinculación a proceso.
Ante esa resolución las autoridades que promovieron la denuncia (Consejería Jurídica y la Fiscalía Anticorrupción) recurrieron al recurso de apelación.
En el caso de Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, las perredistas y exdiputadas, acusadas por peculado, de última hora el equipo de Blanco Bravo retiró la acusación y se informó que fue para fortalecer la carpeta de investigación.
Mientras que Juan Salazar Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, aseguró que la instancia a su cargo trabaja a marchas forzadas para fortalecer las carpetas de investigación donde están involucrados ex funcionarios del gobierno de Graco Ramírez y diputados de la pasada legislatura.
En el caso de las investigaciones que se siguen por delito de peculado concretamente en el Instituto de Crédito para Trabajadores del Gobierno del Estado, indicó que se busca presentar una formulación de imputación sólida en contra de dichas exlegisladoras perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste.
Y reveló que por lo menos ex integrante de la Quincuagésima Tercera Legislatura estaría involucrado. “Si habrá cuando menos otro diputado más que pudiera ser imputado”, dijo.
