A casi nueve meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, el jurista español Baltasar Garzón advirtió al pueblo de México que «no podemos permitir que la desaparición forzada sea algo que se extienda y sea algo que quede impune… Es una vergüenza para la humanidad que no haya habido una respuesta contundente desde el estado –desde la justicia– y en definitiva, desde la comunidad,» sentenció.
Reconocido en el mundo por haber colocado tras las rejas al ex dictador chileno Augusto Pinochet, Garzón exhortó al gobierno y a la sociedad mexicana a «encontrar los mecanismos para que no sólo las familias sean reparadas, sino prevenir que no vuelva a suceder un hecho como el de Ayotzinapa.»
Ante científicos, académicos y estudiantes reunidos en el foro Prospectiva del Mundo México 2015 –organizado por la UNAM y el capítulo México de la «World Future Society», Baltasar Garzón consideró que «no se puede hablar de un estado de derecho si existen desapariciones forzadas de personas en forma permanente, recurrente y el Estado no tenga los mecanismos suficientes para acabar con esa lacra, algo está fallando; los discursos están fallando y sobre todo la aplicación práctica de lo que es el estado de derecho esta fracasando.
Frente a los altos niveles de violencia y crimen, el jurista español advirtió a los que llamó «oportunistas» que «atacan a quienes dicen proteger,» que combatir el terrorismo o el crimen organizado no pueden conllevar en ningún caso una merma de derechos de los ciudadanos.»
«Hoy, no sólo en este País sino en muchos otros, estamos comprobando como ese límite infranqueable se traspasa una y otra vez y se deslegitima el Estado de Derecho que se está diciendo defender. El combate contra estas lacras nunca puede ser a cualquier precio.»
Convocados a repensar la Carta de las Obligaciones del Ser Humano del desaparecidos escritor lusitano José Saramago, el jurista Baltasar Garzón recordó que el premio Nobel insistía en que «ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de las obligaciones que le corresponden.» Pero, apuntó, «el primer deber será exigir que esos derechos sean reconocidos y respetados.»
«La erradicación de la impunidad y la corrupción, como amenazas del Estado de Derecho y del Estado de Deberes reales, es un deber ciudadano,» dijo el jurista español, tras aclarar que el Estado de Derecho «se protege con la investigación, persecución de los crímenes que comete no garantizando la impunidad, pero también con la educación y definiendo una cultura de la honestidad, la ética, la transparencia, el servicio público, de los derechos humanos, ese es el desafío en este ámbito.
Así, subrayó Garzón, «los ciudadanos no deberían de pedir justicia sino exigirla.» Ante lo que llamó «el efecto perverso de que quienes administran justicia, se sienten titulares de la justicia, cuando el único dueño de ésta es el pueblo. Si la justicia emana del pueblo, debe reconocer a sus ciudadanos el derecho a que los jueces y tribunales la impartan de una manera comprensible, transparente, real, efectiva, igual para todos, accesible, imparcial e independiente.»
También acusó el juez Garzón que en el mundo la libertad de expresión está muerta o agonizante por las propias corporaciones o la persecución de las agencias nacionales de seguridad… ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y no es que los periodistas sean más que un ciudadano normal sino, ¿dónde están los límites?, preguntó.
Antes de partir, en breve entrevista, Garzón insistió en que la protección de los derechos humanos «es el mínimo ético y el mínimo legal que a veces se transforma en una carrera de obstáculos para garantizarlos, pero cualquier estado democrático tiene la obligación ineludible –por si misma y por los ciudadanos– de respetarlos y cuando no es así, hay que buscar los mecanismo para que entre todos podamos conseguir que ese estado de bienestar en orden al cumplimiento de los derechos y obligaciones.