A partir de ahora, la vida de al menos ocho de los once millones de indocumentados en Estados Unidos (la mitad de los cuales son mexicanos) pende de un hilo. Lo anunció ayer el vocero de la Casa Blanca, Sean Spencer, con un mensaje muy duro: “El objetivo es dar más autoridad a la agencia federal para hacer cumplir leyes migratorias. Todo el mundo que está aquí ilegalmente puede ser deportado en cualquier momento”.
Esta amenaza —de la que, de momento, se librarían unos tres millones de indocumentados, incluidos, los menores de edad, los 750 mil “dreamers”, los padres con hijos estadunidenses y los que han obtenido asilo— será realidad gracia a dos memorandos aprobados ayer por el Departamento de Seguridad Nacional, que permitirán la contratación de 15 mil nuevos agentes fronterizos y de aduanas, y dará luz verde a este nuevo “ejército” para arrestar arbitrariamente a quien considere sospechoso de no estar de forma irregular en Estados Unidos.
El memorando, firmado por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, abre la puerta a las deportaciones masivas, ya que, precisa que no sólo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”. Es decir, cualquier sospechoso.
“El Departamento de Seguridad Nacional ya no eximirá clases o categorías de extranjeros indocumentados de una potencial aplicación de la ley”, advierte el memorando, que otorga “autoridad completa para arrestar al extranjero de quien se considere probable que haya violado las normas de inmigración”.
Con las nuevas reglas, cualquier indocumentado que a partir de ahora cometa una infracción de tráfico, aunque sea leve (como llevar un faro del coche apagado), o que haya utilizado un número de seguridad social o una identificación falsa, puede ser imputado por haber cometido un “crimen” castigado con la deportación, que además sería inmediata si ingresó en el país después de febrero de 2015.
Esto será así porque la nueva directriz rompe los candados que frenaban la expulsión inmediata, como que el inmigrante sea capturado a no más de 100 millas de la frontera (160 kilómetros). A partir de ahora, cualquier inmigrante que se compruebe que lleva menos de dos años en EU y sea capturado en cualquier punto del país, puede ser devuelto al otro lado de la frontera, incluso si no es de nacionalidad mexicana.
En el colmo del cinismo, el vocero presidencial Spicer dijo durante la rueda de prensa que “no queremos crear pánico ni proceder a deportaciones masivas, sino sólo hacer cumplir la ley”, que, según sus propios cálculos, implicarían la expulsión inmediata de un millón de inmigrantes.
“Lo que la orden establece es asegurar que el millón de personas que [tenían casos pendientes] y han sido resueltos [por cortes migratorias], puedan ser priorizadas por la ICE [Oficina de Inmigración y Aduanas]” para proceder con la deportación.
Del alcance de la orden tampoco se salvan los padres con hijos. Por el contrario, para cortar el flujo de menores procedentes de Centroamérica, superior a los tres millones desde los años ochenta, se endurece el castigo a sus progenitores y se permite su procesamiento penal si han hecho uso, como es práctica habitual, de redes de tráfico humano.