Durante 2017 cada 18 minutos y un segundo, una persona fue asesinada en alguna de las 32 entidades federativas del país, de acuerdo con un estudio del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Los registros de la organización, indican que los 12 meses del año pasado fueron los más violentos en la historia reciente de México, al registrarse 29 mil 168 víctimas por armas de fuego, punzocortantes o de forma violenta.
“En promedio hubo una víctima cada 18 minutos y un segundo a nivel nacional. Las entidades que concentraron las mayores tasas son: en primer lugar, Colima, es la entidad con la mayor tasa de homicidios del país”, explicó Francisco Rivas, director del ONC.
Agregó que los estados de Guerrero, con dos mil 529; México, dos mil 368; y Baja California, dos mil 317 son las entidades que registraron más asesinatos; mientras que en el total de víctimas por cada 100 mil habitantes, Colima, con 109.12; Baja California Sur, 91.13 y Guerrero 70.11, concentran la mayor incidencia.
Según la información presentada por el ONC, el alto número de asesinatos en 2017 originó que en 18 entidades se incrementaran las tasas de carpetas de investigación, así como de víctimas totales, en comparación a 2016.
“Preocupa que tenemos nuevos focos rojos. Encontramos que en 18 entidades aumentan en materia de homicidio doloso, 17 en homicidio culposo, 10 en secuestro, nueve en extorsión, 13 en robo con violencia, 12 en robo de vehículo, ocho en robo a casas habitación, 12 en robo a negocio, 14 robo a transeúnte y seis en violación.
El informe también menciona que el aumento de los delitos registrados en 2017, posicionó a tres entidades que no figuraban en los registros de incidencia delictiva. Ellas son Aguascalientes, la cual fue incluida por la organización como uno de los cinco estados con la mayor tasa de carpetas de investigación por extorsión, robo a casa habitación y transeúnte.
Querétaro registra la tasa más alta en robo a vehículo, casa habitación y negocio. Zacatecas, es uno de los cinco estados con la mayor tasa de expedientes en secuestro y extorsión.
La organización reiteró que es necesario implementar nuevas políticas de seguridad que permitan prevenir y combatir la incidencia delictiva del país.
También destacó la inconsistencia en los registros de información que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) relacionados con feminicidios, secuestros y tráfico de menores.