Cárceles; el espejo de la sociedad: Rafael Idiáquez 03/07/19

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Reflexión

La manera en que una sociedad percibe a sus integrantes que han roto las reglas de convivencia refleja el grado de humanización, civilidad y niveles de paz deseables. El ser humano es un ser bio-psico-social, que observó en la formación de sociedades una manera de facilitarse las tareas de supervivencia como especie.

Una vez conformadas estas sociedades fue necesario delimitar una dinámica de convivencia con reglas que todos deben cumplir y pocos deben hacer cumplir. Así nace la dinámica de gobierno y gobernados.

En esta dinámica, toda aquella persona fuera de los estándares típicos recibe el desprecio generalizado: enfermos, personas con discapacidad, comunidad LGBTTTI y personas privadas de su libertad. A éstos últimos se les consideraba “degenerados”; para la década de los 60`s se les percibía como “desadaptados”. De ahí que a los centros penitenciarios se les denominara “Centros de Readaptación Social”.

Esta visión coloca a las personas en conflicto con la ley como objetos y a las cárceles como bodegas; sin embargo, la perspectiva de derechos humanos viene a regresarle la condición humana como sujetos de derechos y obligaciones. No son frutos echados a perder cuyo destino final deba ser el basurero, por el contrario, deben procurarse las medidas que les permitan pagar su deuda y reinsertarse a la sociedad.

Y es que si nuestro sistema de procuración e impartición de justicia funcionara correctamente y nos asegurara que todas las personas en las cárceles de verdad son culpables, podríamos hablar de que la sociedad en el exterior está libre de personas en conflicto con la ley; sin embargo, ni todos los culpables están en la cárcel, ni todos los encarcelados son culpables.

La justicia es para quien la puede pagar ¿les suena? Con la reforma al sistema de Justicia Penal en 2008, se produjo un cambio de perspectiva al incorporarse el concepto de “Reinserción Social” y de “Persona Privada de su libertad”.

Con esta reforma, las normas jurídicas aplicables a los procesos judiciales penales se interpretan a partir de los principios de dignidad e igualdad. En este sentido, las Comisiones de Derechos Humanos juegan un papel fundamental como observantes y garantes del respeto de las prerrogativas inherentes a todo ser.

Estas comisiones, como parte del engranaje del sistema no jurisdiccional de protección a derechos humanos, sus resoluciones no son de carácter coercitivo, es decir, no son resoluciones de ejecución obligada como los mandatos judiciales o las sentencias. Son resoluciones de carácter jurídico-moral, sujetas a la voluntad institucional y política.

Entonces ¿por qué la percepción social de que “derechos humanos defiende delincuentes”? Sencillo: a nadie le interesan sus derechos hasta que se encuentra en un conflicto; somos un país de sucesos y no de procesos.

Reaccionamos hasta que tenemos el problema en puerta; no planeamos, no nos informamos; sólo reaccionamos. Y es que este señalamiento a las comisiones de derechos humanos es la reacción de una sociedad a la que le urge justicia, le urgen culpables, le urge terminar con la impunidad.

Ante ese pensamiento sólo queda precisar: las comisiones de derechos humanos no defienden delincuentes, ni blancos, ni a negros, ni a indígenas, migrantes; defienden los derechos reconocidos en nuestras normas jurídicas; defienden los derechos de las personas sea cual sea su condición.

Para las comisiones de derechos humanos no es relevante la condición jurídica de una persona; es relevante la correcta aplicación de la ley sobre las personas sin abusos y sin omisiones.

Así de claro: las comisiones de derechos humanos no defienden ni liberan delincuentes; es más, las comisiones de derechos humanos no juzgan la inocencia o culpabilidad de las personas, eso le toca al juez; lo que califican es la actuación de los servidores públicos involucrados en la procuración e impartición de justicia.

En el caso de las personas privadas de su libertad, cuyos derechos no son retirados, sino disminuidos, deben existir garantías que salvaguarden su integridad física y emocional, que existan las condiciones para llevar exitosamente un proceso de reintegración a partir de la educación, el deporte y el trabajo, sin dejar de recibir alimentación, atención médica y visitas. Eso es lo que observan los derechos humanos.

Sin embargo, hay un enojo social en contra de las personas infractoras de la ley; la sociedad confunde justicia con venganza y de permanecer esta percepción, nunca alcanzaremos los niveles de paz que deseamos, pues para la construcción de la paz hace falta mucho más que miles de elementos de guardia nacional; se necesita el correcto funcionamiento de las instituciones pues la primera violencia es la injusticia.

Debemos entender a la paz más allá de la ausencia de guerra y cualquier acto violento; debemos observar a la paz como aquella condición que nos permite desarrollarnos plenamente con dignidad y con las libertades más amplias –más no absolutas-.

Mientras los sistemas penitenciarios no cuenten con las condiciones para conseguir una correcta reintegración no podremos avanzar, pero, aunque lo consiguieran, no sería suficiente. También hay que generar las condiciones al exterior para evitar que al reintegrarse regrese al mismo polígono rojo que lo orilló a delinquir. Sin embargo, esta realidad aún está lejos.

Los sistemas penitenciarios, sobre todos los locales, carecen de personal suficiente de seguridad y custodia y cuentan con una sobre población que orilla a la formación de grupos de líderes que, respondiendo a su condición de seres bio-psico-sociales, naturalmente buscan hacerse del control de los centros.

Recientemente en la Cárcel Distrital de Jojutla, se presentó una riña durante el día de visita, en la que participaron 56 de las 328 personas privadas de su libertad en ese centro. Como resultado 1 hombre de 31 años sometido a proceso por extorsión agravada falleció y 4 más resultaron heridos. Familiares se enfrentaron verbalmente con autoridades ante la falta de información hasta que finalmente fueron invitadas a organizarse en grupos de 10 para ingresar a verificar el estado de sus familiares.

Una semana atrás, una persona privada de su libertad en el CERESO Morelos de Atlacholoaya, intentó escapar y fue sometido por elementos de seguridad y custodia; sus familiares argumentaron tortura. Ambos casos fueron atraídos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y esto causó reacciones encontradas en la sociedad y los medios de comunicación.

Sin embargo, olvidan la responsabilidad que tienen las autoridades respecto a las personas que se encuentran en las cárceles. Un suicidio es equivalente a una fuga, es decir, es equivalente a sustraerse de la justicia. Una muerte equivale a no tener el control del penal, a estar superado por las personas que se encuentran purgando una pena privativa de la libertad.

El no contar con las condiciones y programas para la reintegración a la sociedad de estas personas representa la omisión de cumplimiento de sus obligaciones como último eslabón de la procuración de justicia.

La forma es fondo; la manera en que las autoridades manejan las cárceles es el acto reflejo de cómo un gobierno maneja a su sociedad. Si en un espacio controlado, limitado y tan observado no se puede hacer cumplir la ley sin excesos, se está perpetuando la violencia como forma de control y al terror como forma de sometimiento.

Alguien debe observar que la cárcel no sea un instrumento de sometimiento o de cumplimiento de voluntades particulares; que no existan presos políticos, que quienes se encuentren privados de su libertad tengan un juicio y una oportunidad de defenderse; que sean informados de qué se les acusa; que su proceso sea conforme a la ley, con traductores en su lengua materna, que puedan recibir visitas de familiares y representantes legales; que tengan un lugar digno donde dormir, comer y asearse; que puedan practicar algún deporte, taller o aprender para formarlos como personas y mantener activas sus capacidades, no es un lujo, es un derecho.

Quizá porque en el exterior aún nos cuesta trabajo acceder a esos derechos pese a no tener un delito que pagar, nos orilla a pensar que el exigirlos para ellos es un lujo o un privilegio, pero no es así. Tus derechos son mis derechos; un ataque a tus derechos es un ataque a los míos, a los de todos y todas.

Construyamos mejores sociedades reconociéndonos como personas, promoviendo los valores, practicando una cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Por Rafael Idiáquez