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Caso de 15 personas detenidas exhibe mala estrategia de seguridad

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L a historia de 15 personas, detenidas el sábado 16 de febrero del 2019 en Tlaltizapan, es uno de los casos que exhiben la misma estrategia de seguridad que durante años ha ejecutado la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Morelos en contubernio con la Fiscalía General de Justicia como: la fabricar a “presuntos delincuentes”. Así se conoció: En la audiencia de vinculación a proceso, iniciada a las 11:33 horas del sábado 23 del mismo mes, y concluida la mañana del domingo 24.

La defensa de las personas imputadas exhibió graves violaciones al debido proceso, cometidas por la Fiscalía de la Zona Sur Poniente. Aunado a lo anterior el juez, Job López Maldonado restó valor de prueba al testimonio de 15 personas imputadas que coincidieron en afirmar que ellos habrían sido detenidos, por agentes de la Comisión Estatal de Seguridad y del Ejercito Mexicano, en el interior de un domicilio, en circunstancias totalmente distintas.

La versión de las personas imputadas fue confirmada por otras tres mujeres, testigos del hecho, quienes narraron al juez la manera en que los policías y soldados allanaron una casa, en la calle Trinchera sin número de la colonia Campo La Curva del poblado de Ticumán. En el interior se celebraba una fiesta, en donde se encontraban 11 de los hombres ahora imputados, cinco mujeres y tres niños, quienes por más de tres horas habrían sido sometidos, golpeados, privados de su libertad e intimidados por policías y soldados.

En otra casa distinta, pero de la misma calle Trinchera y colonia, fueron aprehendidos Francisco Javier C. B., Alberto M. C. y Julio Cesar S. M., los agentes allanaron el inmueble y se los llevaron con engaños, con el pretexto de que iban a rendir una “declaración”. Mientras el último de los inculpados, José Alberto F. C. fue aprehendido en las inmediaciones de la calle del Ferrocarril de la colonia Guadalupe Victoria del mismo poblado, donde esa noche ocurrió una balacera.

En su declaración José Alberto dijo que alrededor de las 20:45 horas se encontraba afuera de la casa de su amigo, Alberto M. C., en la calle Emiliano Zapata del mismo poblado, cuando llegaron dos personas, a quienes identificó con el nombre de Set y su hermano, Adoniset. “Venían en una camioneta, como borrachos, acelerados, bien locos, y comenzaron a gritar frente a la casa de un amigo, andaban buscando a un tal Cholo y La Nena, que los iban a matar, que ya había valido madre. Ellos traían una escopeta y un arma chica” refirió el ahora detenido.

La versión de ese hecho la confirmó otra testigo, Rosalía Q. A. C. quien escuchó gritos y se asomó desde la ventana de su casa para saber quién preguntaba por su esposo. “Escuche una camioneta a alta velocidad, se detiene frente al domicilio y grita: ¡Beto! Salgo y le digo que no se encuentra y me dice que va a matarlo” declaró la joven mujer ante el juez al tiempo en que identificó a la persona como: Set Bahena Contreras y su hermano, Adoniset.

Rosalía dijo que Set se retiró del lugar y ella tomó su teléfono y le llamó su esposo para alertarlo. Después pidió de favor a José Alberto F. C. para que lo buscará y le informará de lo sucedido. Fue entonces que José Alberto F. C. subió a su bicicleta y al circular por la calle Ferrocarril observó al hermano de Set, quien conducía una camioneta verde de redilas, mientras él tripulaba una moto y seguían a una camioneta, color blanco. “Después ocurrió una balacera, salió gente corriendo de aquella área, y se despegó la camioneta. La gente se cubrió y nos escondíamos.

Llegan estos muchachos, con la escopeta y me preguntan para dónde se había ido la camioneta, yo les dije que no sabía y comenzaron a golpearme” declaró José Alberto F. C. De acuerdo con la versión del testigo, al lugar llegaron policías pero nunca les quitaron el arma a los muchachos, “Yo estaba tirado en el suelo, me llevaron a una casa y me preguntaban en dónde estaban los demás. Yo no sé nada. Me golpearon y me sacaron encobijado, me trajeron a Tlaltizapán y después a Jojutla”. Guadalupe V. G. en su declaración también refirió que esa noche, alrededor de las 20:00 horas, llegaron dos personas a su casa, ubicada en la calle Ignacio Bastida del centro de Ticumán, y le gritaron a su esposo: “¡Víctor, hijo de tu puta madre! Sal hijo de tu puta madre. Set sacó una pistola y fue cuando yo lo vi” declaró en la audiencia. Por ese motivo, ella denunció lo sucedido a la policía tras escuchar varios disparos de arma.

Otra testigo, Raquel L. G. relató que ese día, alrededor de las 22:00 horas, estaba en la casa, ubicada en la calle Trinchera esquina Huachocote, con sus padres, sus hermanos y unos amigos, conviviendo. Ella salió al ver a un grupo de policías frente al domicilio. “Me preguntaron: ¿A dónde habían sido los disparos? quisieron entrar porque nos vieron tomando.

Yo les pregunte qué sí traían alguna orden después nos dijeron que nos metiéramos” expuso Raquel al Juez Job López. Alrededor de las 22:30 horas llegó su hermano, Ezequiel, en su moto, había ido a dejar a su novia Leslie en casa de sus abuelos, ellos estuvieron juntos todo la tarde de ese día.

Su dicho lo corroboró la madre de ella, además de una foto que una amiga les tomó juntos esa noche en el prefestejo del carnaval de Tlaltizapan. Fue poco antes de las 23:00 horas que Raquel observó a policías y soldados que rodearon la casa de sus padres y revisaban los vehículos de sus familiares y amigos, mismos que se hallaban estacionados frente a la calle. “Yo salí y pregunte por qué los estaban revisando.

¡Que te importa!, me respondieron y me dijeron que no los estuviera chingando”. Ella se metió de nuevo para cuidar a sus hijos que dormían en una habitación de la casa. Ella escuchó el golpe de la puerta, y voces de hombres que gritaban tirarse al piso.

Al salir del baño miró a todas las sus parientes y amigos recostadas en el piso de la sala mientras eran encañonados con armas largas. Uno de los pistoleros le ordenó a Raquel tirarse al suelo pero ella se negó porque quería estar junto a sus hijos. Todas las mujeres fueron separadas de los hombres y conducidas hasta un cuarto mientras ellos permanecieron en el mismo lugar.

Las pistoleros despojaron a todas ellos de sus teléfonos, carteras, dinero y objetos de valor, y los mantuvieron sometieron por varias horas. En tanto los policías y soldados revisaron toda la casa en busca de armas pero no encontraron nada. Alrededor de las 4 de la mañana se llevaron a los once hombres.

En la madrugada llegaron agentes de la Policía de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía de la Zona Sur Poniente, uno de ellos dijo a Raquel que su esposo ya había “cantado” y le dio 10 minutos para le indicara en dónde estaban las armas, de lo contrario se la llevaría detenida y sus hijos serían entregados al DIF. Ella respondió que no sabía a qué se refería. Al cabo de que el tiempo terminó, los agentes le ordenaron a la mujer que se fuera.

Raquel en compañía de sus dos hijos, su madre, su tía y dos de sus hermanas salieron de la casa.

En la audiencia, los abogados defensores de once de las personas imputadas evidenciaron ante el juez una serie de violaciones al debido proceso cometidas por la Fiscalía, entre ellas la falsa comparecencia de un abogado, en una diligencia, para justificar que había respetado los derechos de las personas detenidas. Miguel Maldonado Coría, un abogado particular que conoció del asunto desde un principio, rindió su declaración ante el Juez Job López y explicó que él jamás estuvo presente en la diligencia de reconocimiento por fotografía al que sometieron a las personas detenidas.

Para corroborar su dicho, refirió que en la hora y el día en que se llevó a cabo la supuesta diligencia, él se hallaba en una audiencia de juicio oral en el Juzgado de Atlacholoaya y podía presentar vídeos para sostener su dicho.

Otra irregularidad de la Fiscalía, es la declaración del agente del Ministerio Público, Luis Fernando Diego González quien al ser cuestionado por la defensa, sobre su intervención en el caso, incurrió en contradicciones respecto a peritajes que ordenó fuera de tiempo.

El abogado se mostró visiblemente nervioso cuando era entrevistado por los abogados defensores, incluso comenzó a temblar, y atribuyó ese frío que sintió al aire acondicionado de la sala del juzgado.

También se observó la falta de argumentos jurídicos del juez para resolver, sobre todo cuando los abogados defensores de los detenidos objetaban algunas de las preguntas que realizaba la Agente del Ministerio Público, decía: “Hay que dejar que fluya la información”.

A pesar de todo lo expuesto en las casi 24 horas que duró la audiencia de vinculación, el Juez Job López Maldonado restó importancia a las declaraciones y peritajes ofrecidos por la defensa y ordenó la vinculación a proceso de las 15 personas imputadas.

El juez concedió a la Fiscalía un plazo de 2 meses para que investigue a las personas procesadas por los delitos de extorsión y delitos contra la salud, y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva en contra de las personas inculpadas.

POR CARLOS QUINTERO

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