Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan la desaparición de 43 jóvenes en el municipio mexicano de Iguala denunciaron este lunes la destrucción de pruebas de vídeo, además expresaron su rechazo de entrevistar por escrito a militares involucrados en el caso.
«Tenemos una especial preocupación por la pérdida de pruebas en el caso», dijo la exfiscal guatemalteca Claudia Paz en la rueda de prensa ofrecida tras la quinta visita de este grupo interdisciplinario al país para investigar la desaparición de los jóvenes más de 11 meses.
Personal del Palacio de Justicia del municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, dijo a la CIDH que existían grabaciones de vídeo tomadas desde el edificio en las que se observaba la detención de «entre 10 y 16» estudiantes por parte de la policía en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, detalló.
Ese día 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron a manos de autoridades y miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un municipio vecino, según la versión oficial, que los padres rechazan.
La CIDH solicitó esta prueba a través de la Procuraduría General de la República (PGR), pero «parece que tales registros videográficos fueron destruidos», continuó Paz, que pidió que, de confirmarse este hecho, se tomen las medidas legales pertinentes.
Asimismo, el grupo criticó la postura del Estado mexicano de permitirle a la CIDH únicamente por escrito y dentro del proceso penal entrevistar a 26 militares del Batallón 27, con sede en Iguala, supuestos testigos del ataque a los estudiantes.
Los expertos aceptaron en un primer momento la entrevista a estos militares dentro del proceso penal siempre que pudieran sugerir preguntas durante el encuentro, como ya hicieron cuando se tomó la declaración de varios alumnos de la Normal.
Sin embargo, este domingo recibieron una respuesta definitiva donde se les obligaba a formular las demandas por escrito y a no participar en la comparecencia, lo que ellos rechazaron.
«No vamos a entregarles el cuestionario. Esto significa que no tendremos control de cómo ni qué se responde, ni la posibilidad de precisar puntos claves durante la declaración», dijo el experto chileno Francisco Cox.
Cox puntualizó que recabar los testimonios de los militares permitiría obtener información para las pesquisas y la búsqueda de los jóvenes, y criticó que el gobierno haya respondido que la presencia del grupo en la declaración «pondría en riesgo la legalidad de la investigación».
Además de ello, los expertos denunciaron la ocultación de evidencias de ropa de los normalistas a sus familiares.
El 29 de junio, el grupo interdisciplinario encontró en el expediente del 27 de septiembre que se había recogido y resguardado ropa de los desaparecidos hallada en dos autobuses que los estudiantes iban a utilizar para asistir a una marcha en la Ciudad de México a principios de octubre.
Dichas evidencias «no eran conocidas por los familiares, ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma», explicó Paz.
El grupo afirmó que este hecho es «grave», tanto «para la investigación» como por la importancia que tiene para los familiares.
Por ello, pidió a la PGR tomar las muestras genéticas de la ropa y resguardar de forma adecuada la misma, que será identificada en estos días por los familiares.
El experto español, Carlos Beristain, describió que la ropa había sido guardada en «malas condiciones», por lo que presenta «un cierto deterioro» que puede contaminar los análisis que se llevarán a cabo en el laboratorio de la Universidad de Medicina de Innsbruck en Austria.
A pregunta de los periodistas, los expertos dijeron no temer por su seguridad ni haber pedido medidas de protección tras el asesinato a tiros a principios de agosto de Miguel Ángel Jiménez, un policía comunitario implicado en la búsqueda de los desaparecidos.
Al cumplirse su mandato inicial de seis meses, que arrancó el 2 de marzo, el grupo de expertos presentará el 6 de septiembre sus conclusiones sobre lo ocurrido con los estudiantes, sobre las cuales no quisieron avanzar detalles este jueves.
El grupo, también integrado por los colombianos Alejandro Valencia y Ángela Buitrago, ha solicitado al Gobierno ampliar su mandato para continuar con la investigación.