CNDH está alerta ante aprobación de la Guardia Nacional

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La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados llevó a cabo la tercera ronda de análisis de la iniciativa de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, impulsada por el Presidente de la República, a través de legisladores de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En ese marco, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González,advirtió que el país necesita seguridad, pero no a cualquier costo y por cualquier medio.

Pidió que los legisladores no se apresuren a aprobar la Guardia, que implica riesgos de militarización, de más violaciones a derechos humanos.

“Desde la CNDH coincidimos en que México necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo, requerimos la seguridad propia de un estado democrático de derecho, donde las instituciones civiles no estén subordinadas ni acotadas a mandos ni estructuras militares, donde los derechos y el respeto a la dignidad de las personas no estén condicionadas a actuaciones autoritarias o discrecionales”, apuntó.

Por tratarse de una solución parcial y reactiva, no atenderá el problema de la inseguridad y violencia. “No es correcto, no garantiza justicia”, advirtió González Pérez.

“Entregar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar, no garantiza en modo alguno que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que enfrenta nuestro país. En este sentido, insistimos en la necesidad de contar con una Fiscalía autónoma en todos sus aspectos”, con capacidad operativa necesaria, para desarrollar labores que no son “optativas ni negociables”, remarcó.

Indicó que el modelo de seguridad con la participación militar en tareas de seguridad, implementado con el Presidente Felipe Calderón y al que dio continuidad el Presidente Enrique Peña, demostró lo limitado de sus alcances y efectos; aunado a que lejos de resolver los problemas de inseguridad provocó más violencia, desapariciones y ejecuciones.

Lanzó un llamado a que, por grave que sea las circunstancias en el país, no se permita renunciar a instancias civiles ni se acepte dejar en manos de militares la garantía de respeto a los derechos de los ciudadanos.

Mantener la vigencia de derechos con el uso de la fuerza mina la democracia, apuntó, al recordar el destino que tuvo la Ley de Seguridad Interior, aprobada sin atender las recomendaciones y alertas de organismos de derechos humanos y sociedad civil, y que finalmente, fue invalidada por inconstitucional y violatoria de las garantías.

Al manifestar su esperanza en que el tratamiento a los problemas de seguridad en este sexenio sean distintas, pidió “darse tiempo” para no incurrir en decisiones que posteriormente y por la vía legal, puedan tener “reversa”.

Al dejar en claro que por el momento es imposible el retorno de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, el ombudsperson nacional recalcó que el “replanteamiento” de la Guardia Nacional es imparcial e incompleto, genera riesgos de violación a derechos humanos, debilitaría la institucionalidad civil y democrática, y contraviene principios y recomendaciones derechos humanos planteados por organismos nacionales e internacionales.

Con acciones reactivas como la Guardia, no se solucionará la problemática, por el contrario, podría generar más violencia, no garantiza un combate efectivo al delito.

González Pérez señalo la importancia de no optar por “solución rápidas”, porque la Guardia no suplirá la inexistencia de Fiscalías autónomas.

Insistió en que dejar el mando de la Guardia en el ámbito militar, aunque se busque desvincular su operación del Ejército, no cambia el hecho de que la mayoría de sus elementos serán militares, tendrán formación militar y serán comandados por la Secretaría de la Defensa (Sedena).

Subordinar a autoridades civiles al mando militar debilita la democracia, sentenció.