La CNDH exhibió la actuación desleal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, que a su vez encubrió, la Fiscalía General de Justicia de Morelos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó las graves violaciones a derechos fundamentales en que incurrió el Gobierno del estado y la Fiscalía General de Justicia en el homicidio de seis personas, incluido dos niños, ocurrido en tres operativos protagonizado por persona la Comisión Estatal de Seguridad Pública.
La madrugada del 30 de noviembre del 2017, vecinos de la colonia Rubén Jaramillo, mejor conocida como La Nopalera en Temixco reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Francisco I. Madero.
Tras el hecho, se realizó un movimiento policiaco en la zona y al llegar al lugar encontraron en el interior de un domicilio a seis personas muertas, entre ellas a cuatro mujeres, un joven y un bebé, así lo confirmaron las autoridades al medio día.
En ese entonces el titular encargado de la CES, Jesús Alberto Capella Ibarra, quien pretendió encubrir a los agentes de la Policía de Operaciones Especiales (GOES), quienes fueron los que irrumpieron y al parecer accionaron las armas de fuego, acribillando a cuatro mujeres, un adolescente y un bebé de tres meses. La Recomendación 21VG/2019 es dirigida al Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y al Fiscal General de Justicia, Uriel Carmona Gándara.
La investigación de la CNDH establece que el personal de la Comisión Estatal de Seguridad incurrió en allanamientos a los domicilios de las personas víctimas; detenciones arbitrarias en agravio de siete personas, incluido un adolescente; uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de seis personas, incluidas dos personas menores de edad.
Así como trato cruel, inhumano y/o degradante derivado de las lesiones a cuatro personas, incluidos dos infantes; dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, y colocación deliberada del arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima.
Como consecuencia, al Gobierno estatal se le atribuye la implementación inadecuada de políticas públicas para abatir los altos índices delictivos imperantes en dicha entidad. En tanto que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, incurrió en dilación irregular de las carpetas de investigación radicadas por las conductas delictivas cometidas en agravio de las víctimas, según la misma recomendación.
Así mismo, la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad cometió irregularidades observadas en la resolución de la carpeta administrativa, instruida contra los elementos policiales que participaron en los hechos del 30 de noviembre de 2017.
“Para este Organismo Autónomo, la Fiscalía General estatal, en el ámbito de su competencia, deberá continuar con la investigación respecto de la manipulación de los cadáveres de 3 víctimas” establece el documento oficial.
Por lo anterior, la CNDH recomienda al Gobernador de Morelos que, en coordinación con la CEAV, brinde a los familiares de las víctimas de ejecución arbitraria y a las personas que resultaron lesionadas la reparación integral del daño, en término de ley; Además reparación integral a los propietarios de los inmuebles que resultaron dañados por esos hechos, y que los familiares de las víctimas privadas de la vida sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que accedan, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas y la homóloga del estado de Morelos.
La Comisión Nacional también pidió que colaboren en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos que, respectivamente, se inicien ante la Fiscalía General y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad.
Lo anterior con el fin de determinar la identidad de los agentes que intervinieron en las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, así como de quienes en la cadena de mando que, en su caso, ordenaron, autorizaron o toleraron los hechos referidos, Al igual que en contra del médico de esa dependencia por las imprecisiones en los dictámenes que emitió respecto de las lesiones que sufrieron dos adolescentes, y contra el personal de la Unidad de Rescate Urbano, Atención a Siniestros y Urgencias Médicas que omitió certificar las lesiones infligidas a 4 personas menores de edad.
Así mismo deberá colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos que, respectivamente, se inicien ante la Fiscalía General y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad contra el personal involucrado en la dilación en la puesta disposición de los detenidos También deberá esclarecer quién fue la autoridad ministerial y los elementos de esa corporación policial, que de manera deliberada colocaron el arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima.
Al Fiscal General, Uriel Carmona se le recomienda continuar con la integración de las investigaciones de los homicidios de 6 personas, incluidos 2 infantes, para que se identifique, localice, detenga, procese y sancione a los responsables y las víctimas accedan a la justicia, Aunado a lo anterior también deberá colaborar con la CNDH, en la queja que presente ante la Visitaduría General de esa Fiscalía General, por las omisiones en la integración de las carpetas de investigación del caso, y contra el perito médico forense, por imprecisiones en las necropsias a las 6 personas privadas de la vida.
Por Erick Abraján
