La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, anunció que buscarán fincar responsabilidades a quienes las promovieron y a quienes entregaron documentos falsos para sustentarlas.
Al dar a conocer la abrogación de 24 decretos pensionarios inherentes a las conocidas como “pensiones doradas”, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, dijo que “no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”, y destacó que se trata de “hechos de corrupción que lastiman el erario público; que pueden ser constitutivos de delito; y que deshonran a quienes recibieron un beneficio al que nunca tuvieron derecho”.
La legisladora presentó resultados de la investigación que ordenó el 12 de octubre pasado el pleno del Congreso, para determinar la forma y los procesos como algunos ciudadanos se hicieron de pensiones indebidas, “a las que el pueblo ha calificado como pensiones doradas”, 24 de las cuales se resolvió abrogar y que son las que corresponden a las personas siguientes:
Jubilaciones: Martha Patricia Bandera Flores, Anahí Bahena López, Jair Mendoza Beltrán, Patricia Guadarrama Moncada, Bernabé Ovalles Contreras, Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, José Miguel Murillo Pardo, Mario Sánchez Navarro, Miguelina García Bustos, Denisse Jovita Díaz Ochoa, Denya Flores Rendón, Jorge Michel Luna, Francisco Velázquez Adán, Beatriz Ramírez Velázquez, Stephanie Guzon Andre.
Por Cesantía en edad avanzada: Josefina Pallares Zardaín, Humberto Leónides Segurda, José Ignacio Garay Lagunas, Elsa Luz María Moreno González, René Maya Manzanárez, Salvador Alejandro Linares Vieyra, Celerino Fernando Pacheco Godínez, Bertha Rodríguez Báez; y por Viudez: Elaine Rodríguez Aranda.
Tania Valentina Rodríguez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PT, indicó que “estamos frente a una maquinación, es decir una acción o plan secreto, para preparar o manipular la posibilidad de recibir un beneficio indebido, urdida por algunos servidores públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y de municipios del estado de Morelos.
“En la investigación se acreditó fehacientemente, que los dictámenes de jubilaciones y pensiones aprobados por la anterior legislatura, durante la sesión que inició el 12 y terminó el 15 de julio del año pasado, nunca fueron tramitadas ante la Comisión de Trabajo, Previsión y seguridad social. Esto quiere decir, que un grupo de Diputados y empleados de la anterior legislatura, autorizaron y consintieron, que todo el proceso se hiciera de forma secreta y oscura, sin registro en el libro de gobierno de la Comisión, violando procedimientos internos, con el único propósito de mantener en secrecía su proceder”.
Advirtió enfática que los más de 70 expedientes que integran el grupo de las jubilaciones doradas, nunca pasaron por el procedimiento institucional, es decir, les dieron tratamiento de fast track, con un turno preferente en perjuicio del resto de quienes han iniciado un trámite desde meses anteriores, y, además, que eso es lo grave, violaron los procedimientos de investigación para verificar fehacientemente las antigüedad hechas constar en las hojas de servicio exhibidas, como lo dispone la Ley Orgánica del Congreso y la Ley del Servicio Civil.
Sin embargo, lo anterior es falta menor comparado con las siguientes irregularidades:
- A trabajadores del Congreso incluidos en estos hechos de corrupción, se les entregaron constancias de salarios por montos que nunca tuvieron. Es decir, hay quienes, ganando 5 mil pesos, se les jubiló hasta con 30 mil pesos.
- Hay muchos ex trabajadores del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, quienes recibieron constancias de trabajo falsas.
Es decir, que con el contubernio de ex presidentes municipales, principalmente de Puente de Ixtla, Axochiapan, Coatlán del Rio, Tepalcingo y Cuautla por mencionar algunos, los jubilados con pensión dorada, acreditaron un tiempo de trabajo que nunca existió. - Fue tan descarada la maquinación y el fraude, que en el mismo día 12 de julio en que se aprobaron, se expidieron las constancias de servicios y sueldos.
Acentuó que la falta es grave y la Legislatura no puede conformarse con la derogación de los decretos; “estamos frente a la comisión de presuntos hechos delictivos, por eso los dictámenes que se someten a aprobación contienen indicaciones, para que a través de nuestra área jurídica, se presenten las denuncias penales a que haya lugar” y “se dé vista a las áreas de Contraloría, para que estos malos servidores puedan ser sometidos a proceso de inhabilitación”.
Sin embargo, envió “un mensaje de estabilidad y tranquilidad a los trabajadores que han iniciado sus procesos de jubilación; deben saber que seguiremos atendiendo sus peticiones y cumpliendo con los derechos que han adquirido».
En la discusión de los dictámenes, que fueron aprobados por unanimidad de los diputados presentes, hicieron uso de la palabra para hablar a favor, entre otros, las y los diputados Rosalina Mazari Espín, Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, Keila Celene Figueroa Evaristo, Héctor Javier García Chávez, Dalila Morales Sandoval y José Casas González.