Por: Carlos Quintero
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala comunicó que a seis meses, del homicidio del activista Samir Flores Soberanes no hay avances en el esclarecimiento de su crimen por eso solicitaron que la Fiscalía General de la República atraiga el caso.
A través de un manifiesto, los compañeros de Samir Flores agradecieron el apoyo manifestado, en especial del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de otras organizaciones nacionales e internacionales para exigir justicia por el asesinato ocurrido el pasado 20 de febrero del presente, en Amilcingo.
“Queremos agradecerles especialmente el reconocimiento que le dan a nuestro hermano Samir en este proceso tan importante de avance del territorio rebelde y que han nombrado en su honor, a este trabajo de 15 años como campaña “SAMIR FLORES VIVE” refiere el manifiesto.
En ese tenor, criticaron el discurso del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador porque no ha actuado para que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República ya que la Fiscalía de Morelos es incapaz para esclarecer el crimen a pesar de prometer investigar su muerte.
“Asuma su responsabilidad como máximo mandatario y ordene la atracción del caso de Samir por parte de la FGR y la creación de una Comisión de la Verdad sobre los Impacto Sociales del PIM…” establece el extenso comunicado.
Los activistas pidieron al Presidente la cancelación de los contratos con las empresas españolas Elecnor y Enagas, que construyó el gasoducto en una zona de riesgo volcánico además pidieron la cancelación de la termoeléctrica que se instaló sin mediar previamente la disposición del agua para su funcionamiento.
“Por eso nosotros no podemos creerle más, porque primero dice una cosa y luego todo lo contrario, porque dice que en su gobierno no habrá más represión, pero acusa la CFE a nuestros compañeros de daño moral a la termo sin prueba alguna para ello” establece el comunicado.
A seis meses de la muerte de Samir aún no existe una línea de investigación firme que permita el pronto esclarecimiento de crimen y garantizar un estado de derecho a la ciudadanía.