¡Guayabazos!
Dicen en el argot político que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. En 2016 Morelos fue testigo del uso faccioso de las instituciones cuando vimos a un Congreso Local actuar a modo de los intereses del ejecutivo. De esta manera se crearon leyes a modo de los intereses de Graco Ramírez, como aquella que extendía el periodo de encargo de los magistrados de justicia locales a 20 años. Se había creado un “tribunal a modo” fue la denuncia hecha por diversos especialistas en el tema.
En el caso particular de la competencia electoral con el entonces Presidente Municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco Bravo, el Congreso fue utilizado para violentar la autonomía municipal pretendiendo con ello descarrilar a quien entonces ocupaba las preferencias electorales para la gubernatura, lo que no ocurrió.
Ahora sabemos que mientras que la Fiscalía Anticorrupción del Estado investigaba las denuncias que le pateaba la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización, ésta última instancia no observaba las irregularidades que ahora, como por arte de magia, si se investigan. Recordemos los casos sonados de la investigación hecha entonces al manejo financiero de la UAEM y del Municipio de Cuernavaca.
Cómo se puede explicar si no es gracias a que había una utilización facciosa de las instituciones. Un uso y abuso del poder público para pegarle a los que en ese momento se consideraban enemigos del gobernador. Pero lo grave ahora es que suceda lo mismo. Llama la atención que las investigaciones que se realizan contra los actores políticos del pasado sean más exhaustivas que las que ya se habían iniciado en años anteriores. Y eso pasa por la designación en puerta del titular de la ESAF.
Recordemos que la Fiscalía Anticorrupción actúa a partir de que la ESAF da vista sobre la presunción de actos de corrupción y/o mal uso de los recursos públicos. Y que, para que la ESAF sea imparcial, lo mismo que la fiscalía, sus titulares deben encontrarse a una “sana distancia” política del titular del ejecutivo. El ejemplo lo acaba de poner el presidente Andrés Manuel y el Fiscal General de la República.
Hace dos semanas circuló la versión de que el Abogado Juan Collado, que representa a Emilio Lozoya Austin en el caso de la compra fraudulenta de Agro Fertilizantes por PEMEX, también representaba al titular de la FGR. Ayer dicho abogado fue detenido por la FGR por otro delito, el presunto lavado de dinero en Caja Libertad Servicios Financieros, lo que elimina la presunción de que la justicia se usa facciosamente por la 4T.
La misma renuncia del titular del IMSS, de SEMARNAT y de la Secretaría de Hacienda hace evidente que al menos para el presidente Andrés Manuel, la 4T es pareja para propios y extraños. Eso esperamos que ocurra en Morelos. Y la designación de los órganos autónomos que vigilan al ejecutivo y a los poderes del estado debe ser absolutamente imparcial. Ya se designó al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el Lic. Israel Hernández, quien manifestó que nada le impide ejercer sus funcione de manera imparcial y que no es un hombre de filias o fobias políticas.
El Congreso del Estado también ya dejó por la paz, al parecer, el tema de cambiar al Fiscal General del Estado Uriel Carmona y al Fiscal Anticorrupción Juan Salazar, que al menos hasta ahora han demostrado ser institucionales, aunque siguen con el beneficio de la duda de la sociedad.
Solo falta designar al titular de la ESAF y se espera que ella o el designado, tengan un perfil de capacidad técnica y probidad moral, para que puedan desempeñarse de manera imparcial, en el ejercicio que le encomendará la máxima tribuna del pueblo de Morelos que es su Congreso Local.
Muy lamentable sería que él o la designada tuviera alguna cercanía con el Ejecutivo Estatal o que saliera de la misma administración. De ser así se cometería el mismo error que se cometió en 2016 y eso profundizaría la crisis institucional que el uso faccioso del poder público tanto daño ha hecho a Morelos.