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CUEVAS LÓPEZ TIENE QUE DEJAR EL CARGO

Fecha

Este martes el gobierno del estado de Morelos publicó el decreto que deja sin efecto el acuerdo en el que se amplía la permanencia de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Morelos, mismo que fue aprobado por la legislatura anterior.

En este acuerdo, se ampliaba el periodo en el cargo de los magistrados de 14 a 20 años.
Este nuevo decreto firmado por el titular del poder ejecutivo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco tiene una afectación directa contra la actual magistrada presidente del poder Judicial en Morelos.

María del Carmen Verónica Cuevas López, cumplió 14 años en el cargo en el pasado mes de julio y, por efectos de este tendría que dejar el cargo.

DETALLES

El decreto 427 que derivó de una propuesta del diputado del Partido Encuentro Social, José Luis Galíndo, deja sin efectos el decreto 2610, publicado el pasado 30 de mayo de 2018 en el que se especifica que los nombramientos de los magistrados serían por un periodo de 20 años en el cargo.

La propuesta emanada por José Luis Galindo, entonces legislador del PT, fue votada a favor por 16 de 20 diputados que estuvieron presentes en la sesión celebrada en el pasado mes de junio.

Ante la aprobación de este, surgió la controversia ya que la determinación no podía surtir efecto, ya que de acuerdo con algunos legisladores un punto de acuerdo no puede sustituir o modificar un decreto.

Después de un segundo análisis, el Ejecutivo publicó el decreto.

22 MAGISTRADOS SON AFECTADOS

Esta reducción de 20 a 14 años en el cargo, afecta a por lo menos 22 magistrados en el Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

MARÍA DEL CARMEN CUEVAS LÓPEZ, LA PRINCIPAL AFECTADA

Como se mencionó anteriormente, el decreto afecta directamente a la magistrada presidente del TSJ quien se había apenas reelegido en mayo por dos años más entre acusaciones de detractores quienes la acusaban de fraguar su reelección de manera fraudulenta en una sesión extraordinaria de pleno a 10 días antes de cumplir su periodo ordinario.

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