La Cámara de Diputados aprobó con 367 votos a favor y uno en contra las reformas a diversos ordenamientos para sancionar con entre uno y diez años de prisión a quien cometa algún delito contra el personal de Sistema Nacional de Salud, de los servicios de emergencia y de las fuerzas armadas en cumplimiento de sus funciones durante una contingencia sanitaria o emergencia por desastre natural. Ello, en forma adicional al castigo que corresponda en términos de la ley al delito cometido. De igual modo se avaló una pena de entre uno y tres años de cárcel y entre 150 y 300 días de trabajo a favor de la comunidad para quien atente contra la dignidad humana o menoscabe los derechos de las personas por su condición laboral o desempeño de actividad relacionada con la mitigación de una emergencia sanitaria o desastre natural.
Al presentar en tribuna el dictamen de reformas al Código Penal Federal, a la Ley General de Salud y a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega, convocó a respaldar el proyecto para imponer distintas penas y sanciones más severas a quien agreda al personal de salud en la primera línea de batalla para contener la pandemia.
Por el PRD, el diputado Antonio Ortega manifestó su respaldo al dictamen de la Comisión de Justicia para garantizar la protección y respeto a los derechos humanos del personal sanitario conformado por médicos, enfermeras y personal de limpieza en el marco de la crisis derivada del covid-19. En ese contexto, el legislador reprochó al gobierno federal por el trato a médicos, enfermeras y personal sanitario y administrativo que, durante meses y aun hoy, sigue sin recibir los materiales y equipos adecuados para desempeñar sus actividades con seguridad. La prueba es que de marzo a la fecha han fallecido mil 320 trabajadores de la salud contagiados de covid-19, más un número indefinido de sus familiares, indicó Ortega.
