Detrás de la Ciencia – El Municipio Libre, ¿hay lugar para la ciencia?

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Dr. Iván Martínez Duncker

Las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación son centralistas en la práctica, dictadas por el gobierno federal y replicadas, parcial y deficientemente, por los gobiernos estatales, dejando prácticamente fuera de este ejercicio al orden municipal. Es decir, conforme las políticas federales en la materia “bajan” a la realidad, su impacto, financiamiento, congruencia y pertinencia, se diluyen estrepitosamente.

Escucharán al presidente de México hablando de políticas en la materia, pero casi nunca al gobernador de un estado (con excepción de Hidalgo) y nunca a un presidente municipal (a menos que ocurra un milagro). Este centralismo operante dentro de un federalismo disfuncional cuesta mucho al país, limitando la optimización en la administración de los recursos públicos para solucionar eficientemente las necesidades del pueblo mexicano y desconectando al talento científico de las autoridades de gobierno más inmediatas, es decir, las autoridades municipales.

Lo anterior ha causado, por ejemplo, que la mayoría de los científicos de las universidades públicas no estructuren sus proyectos para resolver problemas en una escala local. En el caso de aquellos que sí lo hacen, lo más probable es que se enfrenten a dificultades para colaborar con los gobiernos locales en el desarrollo de su investigación o que sus resultados sean desconocidos, incomprendidos o rechazados por las autoridades municipales y estatales, haciendo que su potencial aplicación se convierta en un tormentoso callejón sin salida.

Así, una vasta cantidad de conocimientos se petrifican en forma de publicaciones o patentes que difícilmente concretan beneficios directos para la población local, la cual por cierto contribuye con sus impuestos a una parte sustancial de los presupuestos universitarios. Por ello, preocupémonos el día en que el pueblo que vive en los municipios que albergan a nuestros recintos universitarios, nos cuestionen sobre las contribuciones que, desde la ciencia, la tecnología y la innovación, realizamos para mejorar su calidad de vida y bienestar. La misma preocupación debiera causar esto en todos los niveles de gobierno.

¿Qué es el Municipio Libre? El concepto de municipio tiene su origen en el derecho romano y tiene verificativo por primera vez en México con la fundación del primer municipio de América en Villa Rica de la Veracruz el 22 de abril de 1519, pero quisiera que nos traslademos, saltando con perdón de ustedes etapas importantes de la evolución de este concepto, al de “Municipio Libre”. El Municipio Libre, fruto de la Revolución Mexicana, tuvo como finalidad el restaurar la autonomía a los municipios destruida por la centralización política porfirista. Desafortunadamente, estas circunstancias siguen vigentes, tal y como hemos podido observar con la perpetua crisis que sufren los municipios y, recientemente, con las dificultades para la aprobación de las leyes de ingresos municipales por parte del Congreso del Estado.

El Dr. Carlos Quintana, en su trabajo “El Municipio Libre, producto genuino de la Revolución Mexicana” señala: “La autonomía municipal era asunto muerto en las leyes. No existía otra voluntad que la del dictador, cumpliéndose, a lo largo y ancho del país, por conducto de los gobernadores y los jefes políticos”. A este respecto se fueron presentando diversas soluciones durante la revolución, las cuales dieron origen al Art. 115 de la actual Constitución Federal de 1917 que implanta el municipio libre y que se originó a iniciativa de la Segunda Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por los Diputados Hilario Medina y Heriberto Jara del Congreso Constituyente de Querétaro. Dicho artículo hoy señala “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre..”.

Un primer antecedente del Art.115 es la reforma al Art. 109 de la Constitución Federal de 1857, decretada por el Gral. Venustiano Carranza el 26 de diciembre de 1914. En sus considerandos indica: “Que durante largos años de tiranía sufrida por la república, se ha pretendido sistemáticamente centralizar el gobierno, desvirtuando la institución municipal, y que la organización que hoy tienen varias entidades federativas sólo es apropiada para sostener un gobierno absoluto y despótico, porque hace depender a los funcionarios que más influencia ejercen en la municipalidades, de la voluntad de la primera autoridad del estado;”.

También señala “Que el municipio independiente es la base de la libertad política de los pueblos así como la primera condición de su bienestar y prosperidad, puesto que las autoridades municipales están más capacitadas por estrecha proximidad al pueblo, para conocer sus necesidades, y por consiguiente, para atenderlas y remediarlas con eficacia;”.

Otro antecedente es la Ley General sobre Libertades Municipales, promulgada por el C. Gral. Emiliano Zapata Salazar el 15 de septiembre de 1916, donde señala: “La libertad municipal es la primera y más importante de las instituciones democráticas, toda vez que nada hay más natural y respetable que el derecho que tienen los vecinos de un centro cualquiera de población, para arreglar por sí mismos los asuntos de la vida común y para resolver lo que mejor convenga a los intereses y necesidades de la localidad”.

Prosigue “Los pasados dictadores ahogaron la independencia de los municipios, sometiéndolos a la férrea dictadura de los gobernadores y jefes políticos, que solo atendían a enriquecerse a costa del pueblo y sin dejar a los municipios ni la libertad de acción, ni los recursos pecuniarios que les permitieran llevar una vida propia y atender eficazmente a las necesidades y progreso del vecindario”

Tomando en cuenta estos antecedentes, considero que las autoridades municipales son quienes debieran definir en primera instancia las necesidades del pueblo al que sirven y determinar cómo impulsar su bienestar y desarrollo mediante la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, cumplimentando además con ello el recientemente reformado Art. 3º de la Constitución que indica: “Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica….”.

Lo cierto es que en la actualidad los municipios carecen de programas específicos en materia de ciencia, tecnología e innovación y no contemplan estas actividades como ejes transversales estratégicos para cumplir con sus tareas sustantivas. Los municipios abandonaron o bien nunca tomaron las riendas de las actividad científica y tecnológica para impulsar el desarrollo y el bienestar, delegando esta responsabilidad en los gobiernos estatales y federales, perdiéndose con ello la proximidad y pertinencia de las acciones que se implementan.

Las autoridades municipales comprometidas con el progreso, harían mucho bien en revertir dicha situación, no sólo adquiriendo y aplicando tecnología de forma pertinente y eficiente, sino también promoviendo la creación tecnológica y la innovación, vinculándose estrechamente con el talento científico de su entorno regional. Los gobiernos municipales debieran procurar 3 reglas básicas:

1.- Ser una administración de puertas abiertas a la recepción, pronto seguimiento y resolución de las solicitudes de colaboración en materia de ciencia, tecnología e innovación.

2.- Desarrollar programas tecnológicos y de innovación, adecuadamente presupuestados y coordinados, que identifiquen y resuelvan las problemáticas municipales, en alianza con el talento científico regional, la iniciativa privada y las organizaciones civiles; participando en fondeos públicos y privados que hoy son desaprovechados.

3.- Planear en torno al desarrollo de las sociedades del conocimiento y los municipios inteligentes, utilizando la tecnología y la digitalización para mejorar la calidad de vida y el bienestar.

Esperemos que los gobiernos municipales recobren pronto la fuerza y la visión que les dio origen y que no cedan a la condición de subyugados administradores sino que transiten a la consolidación de núcleos dinámicos de transformación económica, política y social.

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