En la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó con cambios, el dictamen correspondiente a la minuta del Senado en materia de fuero.
El proyecto establecía que durante el tiempo del encargo, el presidente de la República y los integrantes del Congreso de la Unión, podrían ser acusados y juzgados por traición a la patria, corrupción, delitos electorales, y también por los ilícitos a los que aplica la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional.
Con ello, amplían el número de conductas ilegales por las cuales podrá ser imputado y juzgado el Primer Mandatario.
Sin embargo, eliminaron de la norma a diputados y senadores, con el argumento de que no solo deben ser juzgados por esas faltas, y con la promesa de que posteriormente, se presentará una iniciativa para ampliar la lista de ilícitos por los que podrían ser sometidos ante la justicia.
En la discusión, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) José Elías Lixa justificó la modificación al aseverar que tiene como fin evitar un “fuero reforzado”.
“Si dejamos el dictamen como lo envío el Senado, el fuero para diputados y senadores se vería reforzado, porque exclusivamente podrían ser acusados por los delitos contenidos en el artículo 19 y entonces sería un grave retroceso. Ya no solo no es la eliminación del fuero, es el fuero reforzado, esa es la razón por la cual retiramos a diputados y senadores de esta iniciativa”, indicó el diputado Lixa Abimerhi.
Los cambios aplicaron al artículo 108 de la Constitución, el cual establecerá que el Primer Mandatario podrá ser acusado, en el transcurso de su encargo, por traición a la Patria, corrupción, delitos electorales y todos los delitos que marca el artículo 19 de la propia Carta Magna, entre otros, por huachicoleo, uso de recursos públicos con fines electorales e incluso robo a casa habitación y robo al autotransporte.
A la lista de conductas por las cuales podrá ser imputado el Jefe del Ejecutivo, se suman la delincuencia organizada, el homicidio doloso, violación, trata de personas, secuestro, delitos contra la salud y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, entre algunos otros.
El proyecto indica que su propósito es acotar “gradualmente” el fuero de servidores públicos, a fin de atacar flagelos como la inmunidad e impunidad asociadas a la corrupción.
