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Diputados Federales urgen a penalizar el bullying

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La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados urgió a tomar medidas concretas para evitar la violencia en el entorno escolar.

Al encabezar un foro de análisis sobre la armonización de las leyes en materia de educación con las disposiciones sobre derechos humanos, la presidenta de ese órgano parlamentario, Hortensia Aragón, advirtió que la situación es tan grave, que se debe incluir en la ley sanciones a quienes practican la violencia escolar y a quienes no lo denuncien.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) enfatizó que es necesario elaborar protocolos a nivel nacional, para que las autoridades educativas, profesores, padres de familia e incluso los estudiantes, sepan cómo proceder en casos de acoso y violencia escolar.

“Además de establecer como infracción de quienes prestan servicios educativos el realizar, promover, propiciar o tolerar, incluso no denunciar actos de acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables. Incluir los términos de acoso escolar y de educación inclusiva como una forma de que la ley sea específica y funcione como un referente en el contexto educativo”, planteó.

Aragón Castillo recordó que de los más de 39 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en el país, 7.6 por ciento de ellos viven en “inseguridad alimentaria severa”, es decir, no tienen qué comer; y cuatro de cada 10 menores de edad son víctimas de violencia.

Añadió que a esto se suman la tasa de suicidio de más de cuatro por ciento por cada 100 mil infantes de entre 10 y 17 años; así como el hecho de que ocho de cada 100 niños trabaja en el país, lo que obliga a adecuar las leyes educativas a las normas y convenios internacionales sobre derechos humanos.

Durante el encuentro, el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Javier Treviño, respaldó la intención de legislar en la materia y establecer claramente en la ley las obligaciones y responsabilidades de las autoridades educativas, a fin de evitar omisiones.

 

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