La Cámara de Diputados aprobó este lunes un punto de acuerdo para solicitar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) inicien una investigación por violaciones graves a los derechos humanos de los niños que fueron vendidos a diferentes familias en el estado de Sonora.
Los diputados señalaron que fue lamentable la resolución del procurador general de Justicia del Estado de Sonora, Carlos Navarro, de desistir proceder legalmente contra las familias que compraron a los bebés, bajo el argumento de que las familias acogieron con cariño a los menores.
Todos los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión coincidieron que el tráfico de personas, en específico de menores es un tema que no se debe pasar por alto, por lo que también solicitaron a la PGR investigue la red de tráfico de menores que operaba en el DIF Sonora y proceda en contra de quienes resulten responsables, pues hasta el momento no hay ningún detenido.
Los legisladores también pidieron que se apliquen o intensifiquen los exámenes de confianza a los servidores públicos del gobierno estatal de Sonora, en especial a aquellos funcionarlos que desempeñen actividades vinculadas con la protección y custodia de menores.
Días atrás, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora (PGJE) se desistió de la acción penal en contra de los padres sustitutos que recurrieron a la compra de niños en el estado; también refirió en su mensaje que los dos presuntos implicados en la venta de los niños, José Manuel Hernández López y Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, permanecen en libertad.