La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a través del que se considera “reprobada” la Cuenta Pública 2016, del gobierno del Presidente Enrique Peña, por las anomalías cometidas en el ejercicio de los recursos públicos.
El documento que será presentado este miércoles ante el Pleno de San Lázaro, coincidieron legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo(PT) y del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), destaca que el Ejecutivo Federal registró una deuda equivalente a 7.4 billones de pesos, lo que representa un aumento de 2.1 por ciento, con respecto a 2015, equivalente en pesos a 952 mil millones.
Destacaron que de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a ese ejercicio, no se ha aclarado el uso de 103 mil millones de pesos, y solo se lograron recuperar a partir de aclaraciones en el ejercicio del erario, ocho mil 906 millones de pesos, con corte al 10 de mayo de este 2018.
“Por lo que se considera que los resultados de la gestión financiera, no se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto de Egresos de la Federación, no se cumplieron los objetivos de la política de gasto, los avances en el cumplimiento de objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad, por lo que no existen elementos suficientes para aprobar la Cuenta Pública del 2016”, apuntó el diputado panista Xavier Azuara, encargado de la Subcomisión dictaminadora de las Cuentas Públicas.
El congresista detalló que al revisar las auditorías del órgano fiscalizador al gasto en 2016, se encontró que las dependencias que incurrieron en mayor número de anomalías fueron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con 199 acciones promovidas por la ASF; la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reportó 94; y la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) fue objeto de 84 acciones; y Petróleos Mexicanos, con 80 acciones.
La ASF promovió 91 con respecto a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); 75 contra el IMSS; y 68 contra la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Mientras que las principales irregularidades en el gasto federalizado se detectaron en Nayarit, Michoacán, el Estado de México y Baja California Sur, indicó el diputado Azuara.
En ese marco, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fernando Galindo, se inconformó con el resultado del dictamen, al considerar que se sustenta en criterios políticos, no técnicos.
En otros temas, la Comisión acordó realizar la semana entrante, el martes 6 de noviembre, una reunión conjunta con la Comisión de Hacienda, para analizar los términos de la Convención Nacional Hacendaria que se llevará a cabo en abril del 2019; y de la reunión previa que se realizará los días 23 y 24 de noviembre de este 2018.