Los ejidatarios acusan de corrupción a funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) debido a que aún no han recibido el pago por sus tierras. Además, denuncian ser víctimas de extorsiones en las carreteras del país y solicitan la instalación de una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Luisa María Alcalde.
En la manifestación en Paseo de la Reforma, también participaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Nacional de Operadores del Servicio Público Federal y el Partido Comunista. Como resultado del bloqueo, la circulación vehicular se encuentra afectada en ambos sentidos. Algunas rutas alternativas incluyen la Avenida Chapultepec, México Tenochtitlán y Avenida Insurgentes.
Después de varias mesas de diálogo, los ejidatarios informan que en este mes de junio se ha comenzado a recopilar la documentación para revisar los terrenos que fueron tomados para la construcción de la autopista Siglo XXI. Sin embargo, afirman que en algunos casos no se está ofreciendo un pago justo por sus tierras.
Ante esta situación, los ejidatarios planean realizar una protesta en las oficinas de la SICT para exigir un pago adecuado por sus terrenos. En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, no descartan la posibilidad de volver a bloquear la autopista Siglo XXI.
Adalberto Maldonado Quiroz, portavoz del movimiento campesino Siglo XXI, resume los problemas del conflicto en tres puntos. Primero, menciona que se les ha solicitado la presentación de documentos en repetidas ocasiones, ya que los funcionarios de la SICT afirman no tener los expedientes adecuados. En segundo lugar, destaca la falta de orden y las irregularidades, ya que se les pide que presenten información sobre herederos fallecidos, a pesar de que han pasado más de cinco años desde su fallecimiento. En tercer lugar, menciona la falta de voluntad para realizar el pago.
Además, señala que hace ocho días los funcionarios de la SICT mostraron molestia, ya que ahora son ellos quienes están reclamando pagos pendientes a los afectados. Esto deja en claro que se intenta realizar el pago utilizando tasaciones que no reflejan el valor real de los terrenos, y el retraso en los pagos no es culpa de la gente del campo, sino del gobierno federal.