Los reportes preliminares de la Secretaría de Gobernación (Segob) «no atribuyen al Ejército el ataque a civiles” ocurrido el domingo pasado en la comunidad de Ostula, municipio de Aquila, dijo este miércoles Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El funcionario federal expresó que «la distancia de los disparos y los calibres utilizados no corresponden a los que maneja la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)», pero indicó que las investigaciones aún no han terminado y pidió «no adelantar juicios, para poder deslindar responsabilidades».
«Hay una investigación en curso que deberá agotarse, pero toda la información que han puesto a la disposición de la Subsecretaría va en ese sentido», manifestó.
Campa Cifrián dijo que desde el domingo pasado ha mantenido comunicación con el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, y el comisionado para la seguridad en la entidad michoacana, Felipe Gurrola, para conocer el curso de las investigaciones.
«Michoacán ha registrado avances muy importantes en materia de seguridad”, dijo, pero reconoció que falta consolidar esfuerzos de manera total ,y convocó a que haya una mayor coordinación entre los gobiernos municipales, estatales y federales.
Los hechos violentos -que se presentaron en la comunidad de Ostula y que provocaron la muerte de un menor de 12 años y seis heridos- ocurrieron luego de la detención de Cemeí Antonio Verdía Zepeda, primer comandante de la policía comunitaria de Ostula.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que solicitó toda la información posible a las instituciones involucradas en los hechos registrados el domingo en Aquila.
El organismo nacional informó a través de un comunicado que realiza acciones de apoyo de las víctimas, además de que llevará a cabo «una investigación con la celeridad y profundidad que los hechos demandan».
La CNDH indicó que han recabado videos, fotografías y testimonios brindados por pobladores de Aquila, además de solicitar formalmente información a la Sedena, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
Además, el organismo nacional trabaja de manera coordinada con las comisiones estatales de derechos humanos de Michoacán y Colima.