El Estado Mexicano reconoció que ha tenido “errores” al no brindar protección a las personas que se encuentran en riesgo por desempeñar su labor en beneficio de los demás, esto al ofrecer una disculpa pública por la violación a los derechos humanos de Antonio Jacinto López, indígena triqui asesinado en 2011, en el estado de Oaxaca, sin que a la fecha se haya dado con los responsables.
En contexto, el pasado 17 de octubre de 2011, el ex alcalde de San Martín Itunyoso, Oaxaca, Antonio Jacinto López Martínez, fue privado de la vida en la ciudad de Tlaxiaco, en la región de la Mixteca. No obstante que el 29 de julio de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de López Martínez, en la resolución en donde solicitó al Estado mexicano adoptar las precauciones necesarias para garantizar la vida y la integridad física del líder triqui, pero aún sí fue asesinado.
Al encabezar el acto, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, y ante la esposa e hijos de Jacinto López, admitió que el acto es una muestra de que el Estado mexicano ha cometido “errores”, por lo que es momento de construir una verdadera sociedad de derechos humanos.
A su vez, Julia Vázquez, esposa del activista, narró lo difícil que ha sido para su familia no encontrar justicia en las autoridades tras los hechos que llevaron a su marido a la muerte durante el gobierno de Ulises Ruiz, ex gobernador del estado, y que a la fecha no haya culpables.
“Ahorita está muy difícil mi caso, no puedo mantener a mis hijas, somos triquis, hablamos triqui, no puedo sacar adelante a mis hijos, tejo huipiles, gano miserias para mantener a mis hijas, pero si no hubiera hecho esto, quién sabe qué pasaría, gracias a Ulises Rúiz logró asesinar a mi esposo”, sostuvo.
En su momento, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, detalló que con la aceptación de la responsabilidad, se suscribe un Acuerdo de Solución Amistosa para avanzar en los intereses de las víctimas y familiares, en donde la secretaría de Gobernación asume la responsabilidad para seguir las investigaciones a fin de deslindar responsabilidades y en su caso sancionar la comisión del delito contra López Martínez.
Además, se compromete a crear el protocolo para la implementación de medidas cautelares, y emitir los lineamientos; además sostendrá un proceso de consulta abierto a la sociedad civil, respecto a dichas medidas.
El representante legal de la víctima, Maurilio Santiago Reyes, reiteró la exigencia de que se otorguen las medidas cautelares a los familiares y protesto porque la desaparición forzada no exista en México.
Cabe mencionar que el Acuerdo incluye medidas que garantizan una reparación integral del daño, medidas de rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y una compensación económica y calculada de acuerdo a los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia.
Además, se asume el compromiso de prestar atención en materia de salud con perspectiva de derechos humanos a través de la creación de una ruta de atención médica de acuerdo a las condiciones y circunstancias de la familia, así como el otorgamiento de becas para que los menores de edad garanticen sus estudios.