El líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez, señaló que el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, que regresó la noche de éste miércoles 3 de febrero al país, proveniente de España, donde se le abrió un proceso por lavado de dinero, muestra de manera “aberrante” su “alto nivel de cinismo”, al retornar al territorio nacional con toda tranquilidad, pese a que endeudó por décadas enteras a sus paisanos.
El diputado Martínez Neri aprovechó para criticar que el Gobierno Federal utilice “cortinas de humo”, como el caso de la relación entre la actriz Kate del Castillo y el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, para tratar de distraer la atención de la crisis de inseguridad y violencia que vive México, así como para fomentar la impunidad de algunos cuestionados priístas.
En primera instancia, el legislador de izquierda criticó que el ex líder nacional priísta se declare “indignado” por las críticas en su contra, cuando los indignados son los coahuilenses que están hundidos en una enorme deuda y en un entorno de inseguridad.
Manifestó que el priísta tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana, pues en su momento, la Secretaría de Hacienda (SHCP) dio a conocer que la deuda de más de 30 mil millones de pesos en ese estado, se adquirió de manera irregular; aunque por tal motivo, se detuvo a personas cercanas al ex mandatario estatal, con el propósito de librarlo de responsabilidades.
Indicó que la impunidad, la delincuencia y la inseguridad, le costaron al país en 2014 más de 226 mil millones de pesos; aunado a que ese mismo año, se registraron 33.7 millones de delitos cometidos por personas mayores de edad, así como 22.8 millones de víctimas.
Ante tal situación, abundó, el país requiere fortalecer su marco jurídico, poner en marcha lo antes posible el Sistema Nacional Anticorrupción y actuar contra la impunidad, que no solo priva entre los gobernantes, ex gobernantes, políticos y aquellos que al amparo público, infringen la ley.
Subrayó que a México le urge dar marcha atrás a la crisis de credibilidad en las instituciones impartidoras de justicia.